Sólo existen dos cadenas de televisión en la República Centroafricana (RCA), y decenas de emisoras de radio siguen siendo el medio dominante en el país. Radio Ndeke Luka es uno de los pocos medios que difunde una información respetuosa con los hechos y las fuentes, así como la Red de Periodistas para los Derechos Humanos (RJDH) y algunas asociaciones de blogueros y periodistas dedicados al fact checking, que son objeto de presiones continuas. Sesgada y sin distribución fuera de la capital, Bangui, la prensa escrita, que cuenta con unas sesenta publicaciones, se limita a artículos de opinión, rumores o campañas de difamación. 

A pesar de sus escasos recursos e inversiones, los medios públicos, a las órdenes del ejecutivo, siguen siendo influyentes. El Consejo Superior de la Comunicación, el órgano regulador de los medios, ha sido acusado por la profesión de imponer sanciones arbitrarias, cuando éstas no se aplican directamente por parte del gobierno. Las tentativas de intimidación contra algunos medios independientes son frecuentes: en 2022, tras la difusión de varias investigaciones que revelaron deficiencias en la gestión del país, el ministro de Comunicación informó a una de las principales emisoras de radio independientes que se revisaría el marco de colaboración con el gobierno, así como el importe de los impuestos que debía pagar.

En 2020, se aprobó una nueva ley sobre la libertad de comunicación para sustituir a la anterior, que databa de 2005. Teóricamente garantista, no permite ejercer un periodismo independiente en la práctica. En octubre de 2022, un proyecto de ley que preveía la penalización de los delitos de prensa y el control gubernamental del regulador de los medios de comunicación supuso un retroceso en la libertad de prensa, en un contexto de ataques recurrentes a periodistas.  

La pobreza y la inseguridad dificultan el desarrollo de los medios, y los periodistas centroafricanos trabajan en condiciones muy precarias. La asignación que pagan los organizadores de eventos suele ser la principal fuente de ingresos de los reporteros. Desde su llegada en 2018, los rusos han creado una emisora de radio y han captado a numerosos medios y blogueros, dedicados a difundir propaganda y transmitir información falsa, principalmente sobre Francia y los periodistas franceses en el país.  

En un país en el que la mayor parte del territorio está fuera del control del Estado, a las autoridades les resulta cada vez más difícil tolerar la crítica. Los periodistas que entrevistan a los distintos protagonistas del conflicto son tratados regularmente como espías o cómplices de las bandas armadas. A menudo son objeto de violencia, presiones, amenazas y ciberacoso. Los periodistas críticos con las autoridades pueden ser víctimas de amenazas y agresiones, como el periodista independiente Fiacre Salarié, o de detenciones arbitrarias. Cuando se cometen crímenes contra periodistas, la impunidad es total, y la lista de víctimas sigue aumentando: Elisabeth Blanche Olofio, Désiré Luc Sayenga, René Padou, la fotoperiodista francesa Camille Lepage, y los periodistas Eric Ngaba, del sitio web de información Ndjoni Sango; Christian Azoudaoua, del periódico Le Charpentier, y Landry Ulrich Nguéma Ngokpélé, del Quotidien de Bangui.