La República Democrática del Congo (RDC) es el país de mayor extensión del África Subsahariana y cuenta con más de 7.000 periodistas profesionales, más de 500 periódicos -de los cuales sólo quince se publican regularmente-, más de 150 cadenas de televisión, cerca de 4.000 emisoras de radio y más de 40 publicaciones digitales. Solo La Radiotélévision Nationale Congolaise (RTNC), la emisora de las Naciones Unidas Okapi y la emisora de radio Top Congo tienen cobertura nacional. La prensa escrita es casi inexistente fuera de la capital, Kinshasa. Las webs informativas, como actualité.cd y 7sur7.cd, están en pleno auge.

El panorama mediático congolés está marcado por la fuerte presencia de políticos que poseen o crean medios para convertirlos en instrumentos de influencia y poder. La radiotelevisión nacional sigue siendo un medio estatal falto de independencia. Es muy frecuente que las autoridades locales, los milicianos, los grupos religiosos y los políticos presionen a los periodistas y medios de su provincia. El M23 exige a algunos medios de comunicación que reajusten su línea editorial.

La ley de prensa de 1996 fue revisada en abril de 2023 basándose en las recomendaciones del conjunto de actores que intervienen en el sector, que reclamaba un marco jurídico más moderno y protector para periodistas y medios. La nueva ley endurece las condiciones de acceso a la profesión de periodista. No pone fin de forma explícita a las penas privativas de libertad por delitos de prensa, pero introduce una cláusula de “mala fe” para la publicación de informaciones falsas o afirmaciones que hayan alterado el orden público. Además, garantiza a los periodistas el acceso a las fuentes de información de interés público no protegidas como secretas, o bien por la seguridad del Estado o por la defensa nacional.

Los periodistas y medios congoleños viven en una gran precariedad. Apenas se realizan contratos de trabajo y la práctica del “coupage”, que consiste en obtener una remuneración a cambio de la cobertura de un evento o la difusión de una información, está muy extendida. Las ayudas estatales a la prensa previstas por ley nunca se han repartido de forma transparente. Pocos medios son económicamente viables e independientes, y la mayoría de ellos dependen de la influencia de sus promotores. 

Algunos periodistas son objeto de ataques en función de su pertenencia étnica o comunitaria y se exponen a represalias por su trabajo, especialmente en el este del país, dada la presencia de numerosos grupos armados. La cobertura del conflicto en Kivu del Norte se ha convertido en un tema tabú en la prensa, atrapada entre la violencia de los rebeldes y las respuestas del ejército republicano de la RDC. En 2021, varios programas y emisoras de radio fueron suspendidos por “incitación al tribalismo y a la violencia”. La autocensura es una práctica habitual para muchos periodistas. Resulta especialmente difícil cubrir los grandes casos de corrupción y ciertos contratos mineros, entre otros temas.

Detenciones, agresiones, amenazas, desapariciones forzosas, ejecuciones, medios suspendidos o saqueados… La seguridad de los periodistas está seriamente comprometida en RDC. Las fuerzas de seguridad están implicadas en numerosos abusos y gozan de total impunidad. Los periodistas están amenazados por una oleada de presiones y represalias desde principios de 2023, a pesar del alto el fuego en Kivu del Norte. El M23 ha ordenado a algunos medios que modifiquen su línea editorial. La desmovilización de las fuerzas armadas a través de la prensa en tiempo de guerra se castiga con la pena de muerte. Durante los periodos electorales, los profesionales de los medios son atacados y amenazados por los políticos y sus partidarios.