El mercado privado es relativamente plural, con medios independientes como la cadena de televisión TVN, el diario Gazeta Wyborcza o el digital de información Onet.pl. El anterior gobierno transformó los medios públicos, especialmente el grupo televisivo TVP, en instrumentos de propaganda gubernamental, y se hizo con el control de la red de periódicos locales, PolskaPress, a través de su adquisición por la empresa petrolera Orlen, de propiedad mayoritariamente estatal.

Desde que la coalición dirigida por Donald Tusk llegó al poder a principios de 2024, los ataques verbales y los “procesos mordaza” (SLAPP) contra los medios privados por parte del gobierno han disminuido. Los medios públicos, por su parte, son objeto de una batalla política entre el nuevo gobierno – que está llevando a cabo en ellos una frágil reforma – y las instituciones controladas por el partido del gobierno anterior, el PiS, que tratan de impedirlo. 

A pesar de que la Constitución garantiza la libertad de prensa y el derecho a la información, el gobierno anterior ha intentado restringirlos en los últimos años con legislaciones específicas, con el pretexto, por ejemplo, de combatir el espionaje y la influencia rusa. Así, desde septiembre de 2021 hasta finales de 2022, los periodistas no pudieron viajar ni trabajar libremente en la frontera con Bielorrusia, donde perecieron decenas de los cientos de inmigrantes que intentaron entrar en Polonia. El regulador estatal, controlado por personas nombradas por el PiS, intenta desarmar al periodismo utilizando el recurso jurídico de la protección de "asuntos de Estado". Del mismo modo, aunque la confidencialidad de las fuentes está amparada por la ley, en algunos casos las autoridades han intentado vulnerarla. El “insulto” a determinadas instituciones y la difamación siguen siendo punibles con penas de cárcel.

La radiotelevisión pública está financiada por el Estado, mientras que los medios privados se apoyan en modelos de suscripción, gracias al tamaño relativamente importante del mercado polaco. Recientemente, han tenido que enfrentarse a un intento fallido de debilitamiento, mediante un impuesto especial que pretendía gravar sus ingresos publicitarios. Antes de 2024, la publicidad institucional se atribuía  esencialmente a los medios progubernamentales con total opacidad. En cuanto a los "periódicos locales del gobierno", publicados con dinero público, competían frecuentemente con la prensa independiente en el mercado publicitario.

La polarización creciente de la sociedad se ha traducido en un aumento de las agresiones verbales a los periodistas. Los ciudadanos conservadores intentan disuadir a los reporteros de cubrir los temas LGTBQ o los relativos al género, mientras que la blasfemia sigue estando penada con cárcel. Los medios independientes gozan, sin embargo, del apoyo sólido de una parte importante de la población, que protestó, por ejemplo, contra la ley sobre la recompra de TVN.

Tras registrar un pico en 2020, en torno a la “huelga de mujeres” [contra el veto al aborto], el nivel de violencia -por parte de la policía y de grupos extremistas contrarios a este movimiento- contra la prensa ha descendido. Esos ataques contra periodistas demostraron, sin embargo, que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley no pueden ni protegerlos adecuadamente, ni garantizar sus derechos, durante las manifestaciones. De hecho, en 2021 fueron las propias autoridades quienes impidieron de forma deliberada a los periodistas cubrir la crisis de refugiados cerca de la frontera con Bielorrusia, mediante detenciones arbitrarias y violentas.