En Nicaragua, prácticamente no existen medios de comunicación independientes, a raíz de la intensa ola de represión que el régimen de Daniel Ortega ha emprendido contra políticos opositores, organizaciones civiles y medios independientes,. Los únicos medios que siguen informando sobre los abusos del gobierno son los digitales, cuyos periodistas están mayoritariamente en el exilio. Los pocos que continúan funcionando en Nicaragua, como Radio Corporación o el noticiero Acción 10, evitan criticar al régimen por temor a represalias.

En 2021, la policía nacional tomó, sin orden judicial, las instalaciones del diario La Prensa, que continúan ocupadas y, desde entonces, el periódico no se distribuye en papel. Su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, y el ex directivo del diario y ex diputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios, permanecieron encarcelados durante 18 y 20 meses, respectivamente. Éste es uno de los muchos atropellos que se enmarcan en la ola de detenciones de directores y periodistas de distintos medios, acusados por casos de blanqueo de capitales o de traición, en los que no constan pruebas en su contra. Ya en 2018, los medios Confidencial y 100% Noticias habían sido confiscados por el gobierno. La prensa independiente considera que, hasta principios de 2023, el país contaba con más de 200 presos políticos - entre ellos, al menos seis periodistas - declarados “traidores a la patria”. El 9 de febrero de 2023, fruto de una negociación con Estados Unidos, el gobierno de Ortega los liberó y la mayoría fue evacuada hacia este país. Despojados de su nacionalidad, se convirtieron en apátridas.

Después de las protestas de 2018, el gobierno de Daniel Ortega preparó una serie de leyes (aprobadas en 2020) que le han permitido ensañarse con los opositores y periodistas independientes, a lo largo de 2021. Entre ellas, destaca la Ley Especial de Ciberdelitos, que permitió condenar al periodista Miguel Mendoza por el simple hecho de criticar al gobierno en las redes sociales. Fue acusado de difundir noticias falsas y ha sido condenado a nueve años de prisión. Miguel Mendoza es uno de los periodistas que buscó refugio en los Estados Unidos después de la liberación de presos del 9 febrero de 2023.

La situación económica del país no ha mejorado desde la represión infligida por el gobierno para sofocar las protestas de abril de 2018, una represión que no ha hecho sino acentuarse. Como resultado, las inversiones sufrieron una importante caída y el país solo se sostiene económicamente por las exportaciones de algunos productos como el oro, la carne y el café, así como por las remesas de divisas. La economía interna ha perdido su dinamismo y  los nicaragüenses tienen que hacer frente a altas tasas de inflación.

La emigración no ha cesado de aumentar, hasta el punto de que los nicaragüenses que llegan a la frontera sur de Estados Unidos ya rivalizan en número con los países del llamado “triángulo del norte de Centroamérica”. El flujo migratorio es también muy elevado hacia Costa Rica. El estado de ánimo de los nicaragüenses dentro del país es una mezcla de temor por la represión y tristeza por la falta de esperanzas en el futuro; por ello, son muchos los jóvenes que en redes sociales expresan su deseo de abandonar el país.

No es seguro ejercer periodismo independiente en Nicaragua. Los periodistas que permanecen dentro del país trabajan muy discretamente y ni  siquiera firman sus artículos para evitar represalias. Trabajar con una cámara de video o fotográfica en la vía pública pone en peligro a la persona que la usa y suele ser confiscada. Ya prácticamente no se realizan reportajes a pie de calle. Al menos cuatro periodistas que se habían exiliado para escapar a las detenciones también fueron declarados "traidores a la patria" y despojados de su nacionalidad.