Las dos corresponsales de La Voz de Zacate Grande podrían ser juzgadas por el delito de desobediencia

El 11 de enero de 2011, las Justicia del Estado de Honduras determinará si las dos corresponsales de La Voz de Zacate Grande, Elia Xiomara Hernández y Elba Yolibeth Rubio, tienen responsabilidad por el delito de desobediencia. Esta fue la decisión tomada por el juzgado del municipio de Amapala, tras un proceso injusto en el que no se respetaron los derechos de las periodistas. El 15 de diciembre pasado, Elia Hernández y Elba Rubio fueron arrestadas cuando cubrían una operación de las fuerzas del orden para desalojar a una familia de las tierras en las que se habían instalado, en la comunidad de El Coyolito de la Isla de Zacate Grande. Las periodistas fueron retenidas más de 36 horas, con toda ilegalidad, sin que se les mencionara ningún cargo imputado. En el momento de los hechos, las dos reporteras presentaron documentos que demostraban su calidad de periodistas. Durante su detención no se les autorizó hacer ninguna llamada telefónica. Fueron golpeadas y privadas de atención médica. Su equipo de trabajo fue confiscado. Actualmente, las periodistas no tienen autorización para salir de sus comunidades. El juez del tribunal municipal de Amapala las declaró culpables por “participar en manifestaciones públicas que obstruyen la labor de la administración pública”. La audiencia para determinar su responsabilidad por el delito de desobediencia tendrá lugar el 11 de enero de 2011. Reporteros sin Fronteras condena la decisión de perseguir penalmente a las periodistas, quienes en el ejercicio legítimo de su oficio no cometieron ningún crimen. Solicitamos a las autoridades hondureñas que cesen todos los cargos establecidos en su contra. Cubrir un acontecimiento no significa participar en él. Por otra parte, exigimos la reparación del daño que les ocasionó este arresto arbitrario. Los responsables de la violencia de la que fueron objeto deben rendir cuentas. La detención de las dos periodistas se efectuó violando la ley hondureña. Ellas fueron puestas a disposición del juez Eris Armando Hernández 24 horas después de su arresto, lo que normalmente amerita la anulación del proceso. Por otro lado, la fiscalía no puede emprender acciones legales, ya que esta prerrogativa corresponde al Procurador General de la República. Reporteros sin Fronteras también reporta que el 22 de diciembre pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una orden que obliga al gobierno de Honduras a proteger la vida del periodista José Luis Galdámez, director del programa “Tras la Verdad”, transmitido por Radio Globo y crítico del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, que destituyó al presidente José Manuel Zelaya. Víctima de numerosas amenazas de muerte, el periodista fue perseguido varias veces y sufrió varios intentos de asesinato. Estas amenazas pretendían hacerle abandonar su trabajo de periodista.