Edwin Josué Andino, nueva víctima de la violencia contra la prensa en Honduras
Reporteros Sin Fronteras (RSF) pide una investigación imparcial sobre el asesinato del reportero Edwin Josué Andino e insta al gobierno de Xiomara Castro a dejar de sabotear el funcionamiento del mecanismo nacional de protección de los periodistas, cuya función es más necesaria que nunca.
“La cobarde ejecución de Edwin Josué Andino y de su padre no puede, ni debe, caer en el olvido. Las autoridades hondureñas tienen que identificar y llevar ante la Justicia a los autores de este ataque y no deben, bajo ningún concepto, descartar la pista profesional”, afirma Emmanuel Colombié, director de la Oficina de RSF en América Latina. “Por otra parte, queremos recordar que la seguridad de los periodistas en el conjunto del territorio es competencia del gobierno de Xiomara Castro, especialmente a través del refuerzo del mecanismo nacional de protección diseñado para ello. Todo indica, sin embargo, que el nuevo gobierno trata de sabotear y de controlar de forma arbitraria este mecanismo, poniendo en peligro a numerosos beneficiarios actuales y potenciales”, añade.
Edwin Josué Andino fue asesinado la mañana del 10 de octubre, en la colonia VillaFranca, situada en el oeste de Tegucigalpa, la capital del país. Según la policía, dos individuos armados y “ataviados con uniformes similares a los de la policía militar” acudieron al domicilio del periodista, donde vivía con su padre. Los asaltantes amordazaron a los dos hombres con cinta adhesiva y los hicieron salir a la calle para acribillarlos a balazos y huir, a continuación, a bordo de un vehículo. Ambos fallecieron en el acto.
La policía nacional asegura haber identificado, horas más tarde, el vehículo utilizado por los asaltantes en una casa abandonada y sugiere que podría tratarse de un asesinato “planificado por el crimen organizado”.
Edwin Josué Andino ejercía como periodista para la cadena de información La Tribuna TV (LTV) desde hace dos años. No había manifestado ninguna amenaza reciente ligada con su actividad. Consternados, sus compañeros le describen como un hombre “honesto, trabajador (...), que no buscaba problemas”.
Este crimen pone de relieve la necesidad de mejorar la protección de los periodistas en peligro en Honduras, en un momento en el que, lejos de recibir refuerzos, el mecanismo previsto para ello se ve afectado por diferentes decisiones del nuevo gobierno.
El mecanismo de protección de los periodistas, en grave peligro
La Oficina en América Latina de RSF alerta sobre el desmantelamiento, actualmente en curso, del mecanismo nacional de protección de los periodistas, los defensores de los derechos humanos y los operadores de justicia (jueces, magistrados, etc.). El SNP (Sistema Nacional de Protección) se fundó en 2015 y depende de la SEDH (Secretaría de Derechos Humanos de Honduras), equivalente al Ministerio de Derechos Humanos.
El pasado agosto, RSF denunció la decisión de la nueva ministra de Derechos Humanos de Honduras, Natalie Roque, de despedir arbitrariamente a más de dos tercios del personal técnico del SNP, generando una parálisis casi total en la aplicación de los dispositivos de protección. Estos puestos han ido cubriéndose parcialmente, pero con personal no cualificado. Además, estos despidos abusivos han afectado al funcionamiento del Consejo Nacional de Protección (CNP), el órgano de deliberación que se encarga de la supervisión, control, acompañamiento y evaluación del mecanismo.
Desde entonces, la preocupación se centra en la elección de los nuevos miembros del CNP. Los pasados 1 y 2 de octubre, la SEDH convocó públicamente una asamblea general con el objetivo de designarlos, cuando esta función no figura entre sus atribuciones. Numerosas organizaciones de la sociedad civil y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), han denunciado el carácter ilegítimo e inconstitucional de esta convocatoria y han solicitado su revocación. RSF apoya esta petición e insiste en que la asamblea general debe organizarse respetando las modalidades contempladas en la ley, especialmente las que se refieren a una importante participación de la sociedad civil.
Contactada por RSF sobre esta injerencia, la SEDH no ha querido, hasta ahora, responder a nuestras preguntas.
Cumpliendo con las atribuciones que señala la Ley de Protección, Donny Reyes, Coordinador del CNP por sociedad civil, envió una comunicación a la ministra Natalie Roque desde el 22 de septiembre de 2022, donde se le solicita hacer la convocatoria pública para la Asamblea de organizaciones de derechos humanos para el 04 de noviembre próximo, pero la funcionaria ha ignorado la petición, violentando con ello el artículo 21, inciso 13, segundo párrafo de la Ley de Protección.
Uno de los países más peligrosos de América Latina
La llegada al poder de la presidenta Xiomara Castro, investida el 27 de enero de 2022, suscitó inicialmente la esperanza de una consolidación del SNP. Sin embargo, se ha producido todo lo contrario. En febrero de 2022, RSF publicó un informe inédito sobre los mecanismos de protección de los periodistas en Honduras, Colombia, Brasil y México. El documento señala la lentitud, las deficiencias y la falta de recursos humanos y financieros del SNP y ofrece una serie de recomendaciones concretas para reforzar su eficacia.
Honduras es uno de los países más peligrosos de América Latina para la prensa. Los periodistas de medios próximos a la oposición y comunitarios son víctimas de agresiones de forma regular, de campañas de acoso e intimidación y de amenazas de muerte o se ven forzados al exilio. La mayoría de las veces, los ataques y la violencia contra la prensa se producen por parte de las fuerzas de seguridad, más en concreto, por la policía militar y por el ejército. Al menos un periodista, Pablo Isabel Hernández Rivera, ha sido asesinado en 2022 (el 9 de enero) por motivos relacionados con su actividad informativa.