El mercado mediático islandés es pequeño, al igual que la población de la isla, y se caracteriza por la concentración de los medios de un sector controlado por cuatro grupos. Tras la quiebra de un importante diario, Islandia cuenta ahora con un único periódico, dos semanales y varios diarios regionales, así como medios digitales. El mercado audiovisual está dominado por la cadena pública RUV. 

Gracias a la ley y a su autorregulación, los principales medios nacionales son generalmente independientes, incluída la radiotelevisión pública RUV, cuyo consejo de administración está nombrado por el Parlamento. Sin embargo, los periodistas de los medios locales son más vulnerables a la influencia de las autoridades y empresas locales. Últimamente, el trabajo de los reporteros ha sido objeto de severas críticas en el Parlamento, percibidas por una parte de la profesión como una presión política. 

El marco legal garantiza la libertad de prensa y el acceso a la información pública. Sin embargo, en la práctica, la aplicación de estos derechos puede resultar deficiente, como demostraron en 2023 las restricciones, insuficientemente justificadas, al acceso de los periodistas a las zonas afectadas por catástrofes naturales. La legislación se ve apuntalada por un sistema de autorregulación eficaz basado en un código deontológico. Sin embargo, la difamación y el insulto a países extranjeros constituye un delito penal.

Aunque el periodismo de investigación goce de un importante respaldo por su cobertura rigurosa de los grandes asuntos de corrupción, los ingresos publicitarios - limitados por el pequeño tamaño del mercado - han disminuído. Para compensar este déficit, el Estado ha proporcionado un apoyo financiero sin precedentes a los medios. Sin embargo, se teme que este apoyo favorezca a los grandes medios en detrimento de la pluralidad de la información.

Aunque los medios disfrutan de una gran confianza por parte de la sociedad, su independencia se ve amenazada por intereses comerciales, especialmente del sector de la pesca, el más importante del país. Las grandes empresas pesqueras son las principales accionistas de los medios, planteando así un conflicto de intereses. Además, desde 2019, los periodistas que cubrieron el escándalo Fishrot Files – sospechas de corrupción en Namibia por parte de una gran empresa pesquera del país– han sido objeto de una campaña de desprestigio y de una investigación policial.

Aunque la profesión trabaje en un entorno prácticamente libre de cualquier violencia, las mujeres periodistas son objeto, en algunas ocasiones, de amenazas a través de llamadas telefónicas o comentarios en las redes sociales. Éste fenómeno ha ido creciendo en los últimos años.