Desde que entró en vigor la ley antiterrorista, en 2009, las acusaciones de terrorismo se usan de manera sistemática contra los periodistas en Etiopía. Estos delitos son castigados con largas penas de prisión y los acusados pueden permanecer detenidos de forma prolongada. Tras las purgas que condujeron al cierre de seis diarios y empujaron a una treintena de periodistas al exilio en 2014, la situación no ha mejorado. Por el contrario: a finales de febrero de 2018 se declaró de nuevo el estado de emergencia, con una duración de seis meses, lo que permitirá al gobierno detener a periodistas críticos y prohibir a la población que consulte ciertos medios de comunicación. En el país es frecuente que se corte el acceso a Internet y a las redes sociales. El gobierno se vale de todos los métodos para hacer callar a la prensa: amenazas físicas y verbales, procesos arbitrarios, condenas.