Tres años después de la llegada al poder del primer ministro Abiy Ahmed, el año 2020 ha sido como un espejo de los inmensos desafíos que afronta Etiopía. Devastado por los conflictos entre etnias y con la guerra civil que ha estallado una de sus regiones, el país se encuentra en una encrucijada, y parecen colgar de un hilo las inmensas esperanzas que suscitan las libertades adquiridas, especialmente para los medios de comunicación. De una parte, la liberación de periodistas y blogueros, así como la autorización de más de 200 webs de noticias y blogs que estuvieron prohibidos durante años –que tuvieron lugar en los primeros meses a partir de que el nuevo primer ministro accediera al cargo, en 2018-, permitieron abrir un nuevo espacio mucho más favorable a la libertad de expresión. Del otro lado, el aumento de los enfrentamientos en el país ha contribuido a polarizar un poco más el panorama mediático, que no ha quedado al margen de las derivas. En este contexto turbio reaparecen ciertos vicios. Casi una docena de periodistas fueron arrestados en 2020 por motivos a menudo muy difusos. Algunos han estado recluidos en régimen de incomunicación, sin acceso a su abogado, y en ocasiones durante varias semanas. A principios de 2021, una corresponsal de diversos medios extranjeros, conocida por la seriedad de su trabajo, recibió la visita en su domicilio de unos hombres armados que habían ido a amenazarla por su cobertura del conflicto en la región de Tigray. En lugar de abrir una investigación y mostrarle su apoyo, las autoridades prefirieron intentar desprestigiarla al señalar que no estaba acreditada. El acceso a las regiones plagadas de conflictos se ha vuelto difícil y los cortes de Internet son muy comunes. En el plano jurídico, aún no se han revisado leyes draconianas que regulan a la prensa, como la ley antiterrorista de 2009, muy empleada para detener a periodistas. En cambio, el arsenal represivo se vio reforzado con una ley para luchar contra los discursos de odio y la desinformación, que contiene disposiciones muy vagas y prevé elevadas multas y penas de prisión.