Embargados dos canales de televisión y una radio : “Una medida inoportuna cuando se acerca el referéndum constitucional”

Reporteros sin Fronteras lamenta el embargo de los canales privados Gamavisión y TC Televisión, ocurrido el 8 de julio de 2008 en Quito, y de la emisora Radio Sucre, el mismo día en Guayaquil (Oeste). El embargo policial provocó algunas modificaciones en la programación de dichos medios, aunque no su interrupción. Subrayando que los procedimientos llevados a cabo, por una parte contra los dos canales y por otra contra Radio Sucre, no obedecen a los mismos motivos, y sin prejuzgar el fondo de ambos casos, la organización estima que el embargo de estos tres medios de comunicación es a la vez inoportuno e injusto con sus respectivas redacciones. Por otra parte, y en desacuerdo con las medidas, el Ministro de Economía, Fausto Ortiz, presentó su renuncia el mismo día. “Una cosa es que los propietarios de Gamavisión y TC Televisión sean sospechosos de bancarrota y malversación, y se les haya abierto un procedimiento. Pero ¿era necesario enviar a la policía a los locales de las redacciones y perturbar la programación de los dos medios? El caso de Radio Sucre es de otra índole, ya que al parecer la emisora no ha respetado algunas normas en relación con las frecuencias. Sin embargo, cuando se acerca la validación y votación de una nueva Constitución, que pretende revisar en parte la regulación de los medios de comunicación, y en un contexto de tensión entre la presidencia y la prensa, estos episodios no contribuyen a crear el ambiente favorable para un debate sereno. Nos tememos que, por el contrario, lleven a una polarización perjudicial para la información, como se ha visto ya en los casos de otros países cercanos”, ha declarado Reporteros sin Fronteras. El 8 de julio, en Quito, la policía irrumpió en los locales de Gamavisión y TC Televisión, siguiendo instrucciones de la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD). Ambos canales pudieron continuar emitiendo sus programas, con excepción de los boletines informativos. En señal de protesta, Gamavisión mantuvo en pantalla, durante algunos segundos, la mención “censurado”, tras la interrupción del noticiero matinal. La incautación habría afectado en total a unas 200 empresas - entre las que se encuentran Gamavisión y TC Televisión - pertenecientes a los banqueros William y Roberto Isaías. Los dos hermanos, huidos en la actualidad a Estados Unidos, implicados en un procedimiento judicial por “malversación”, dirigían la sociedad Filanbanco, liquidada en 1999 tras acumular más de 600 millones de dólares de deudas. En reacción al embargo, la familia Isaías ha negado ser propietaria de Gamavisión y TC Televisión. El primero de los canales ha asegurado no tener ninguna relación con los Isaías ; el segundo, por el contrario, ha confirmado pertenecer a otro hermano de los banqueros, Estéfano Isaías. La nueva Constitución que quiere el presidente Correa, cuya validación está prevista para el próximo 18 de julio antes de que se vote en referéndum en septiembre, prohibiría que un grupo bancario pueda controlar un medio de comunicación. Las direcciones de los canales lo han denunciado como “un atentado a la libertad de expresión”. El mismo 8 de julio, en Guayaquil, la policía procedió al embargo y cierre de los locales de Radio Sucre que, sin embargo, pudo continuar emitiendo en otra frecuencia y en su sitio de Internet. En este caso el procedimiento depende de la Superintendencia de Telecomunicaciones, según la cual la emisora ha cometido irregularidades en la utilización de las frecuencias. El superintendente Paul Rojas ha advertido que hay otras catorce emisoras en el mismo caso, y que a su vez podrían verse clausuradas. La situación de la libertad de prensa en Ecuador, globalmente satisfactoria, sufre sobre todo las consecuencias de las tensas relaciones existentes entre el presidente Correa y una parte de los medios de comunicación. El Jefe del Estado, que tolera muy mal algunas críticas, pidió el pasado 23 de junio la reapertura de un procedimiento por “injurias” contra Francisco Vivanco, director del diario La Hora, en Quito, porque no le gustó un editorial publicado en 2007. Sin embargo, la Fiscalía había desestimado la demanda. Al periodista pueden condenarle a una pena de entre seis meses y dos años de prisión firme. Sin embargo, la nueva Constitución que quiere el presidente Correa, y que está en su fase final, garantiza que el poder político no intervendrá en el contenido de los medios.