Costa Rica, el país mejor calificado de América Latina en libertad de expresión y derechos humanos, constituye una excepción en una región corroída por la corrupción y la inseguridad. A pesar de que el oficio periodístico se ejerce de manera relativamente libre y de que existe un sólido marco legal en materia de libertad de información, se han registrado en 2017 algunas prácticas perjudiciales para los medios de comunicación por parte de ciertos políticos en el proceso electoral, entre ellas, insultando a la prensa o llamando a los habitantes a rescindir suscripciones. Otro hecho fue el caso de corrupción llamado el ‘Cementazo’; que reveló los vínculos de políticos de los tres poderes del Estado con un empresario importador de cemento chino, dejando en evidencia una red de tráfico de influencias y millonarios créditos bancarios lo que tensó las relaciones con la prensa. Algunos medios sufrieron amenazas e incluso un banco estatal diseñó una estratégia para suspender la pauta publicitaria oficial como un mecanismo de presión en contra de un medio.