Chipre cuenta con varios diarios (Phileleftheros, Alithia, Haravghi, etc.), publicaciones semanales, cadenas de televisión y emisoras de radio. Pero, dos de los cuatro grandes periódicos están afiliados a partidos políticos. La injerencia directa en las líneas editoriales, la creciente concentración de medios y la falta de transparencia sobre la propiedad de medios en papel y digitales, perjudican al pluralismo y llevan a los periodistas a la autocensura. 

A pesar de que la integridad y la seguridad física de los periodistas no están amenazadas, los medios son objeto de ataques verbales por parte de los políticos, que dificultan la libertad de expresión. Las relaciones informales entre políticos y propietarios de medios refuerzan la injerencia directa en el trabajo editorial, así como el sentimiento generalizado de deber y lealtad al gobierno. El gobierno nombra a los miembros del consejo de administración de la radiotelevisión pública.

La difamación no está calificada como delito, pero la fiscal general puede emprender  acciones judiciales contra un medio. La ley garantiza la protección de las fuentes y la autonomía editorial. No obstante, los mecanismos o métodos de protección para los periodistas, así como la prevención contra intromisiones políticas, son limitados. La legislación protege las comunicaciones privadas, pero no existen normas claras sobre el uso de dispositivos de interceptación por razones de seguridad nacional. Las denuncias civiles por difamación contribuyen a la autocensura y desalientan a los periodistas de investigación.  

La escasez del mercado publicitario y la reciente crisis económica han tenido una importante repercusión en los medios, haciendo que sean más vulnerables a las influencias de los intereses comerciales. Por otra parte, muchos propietarios de medios tienen participaciones en otros sectores de la economía o están directamente implicados en la política. La dependencia de la publicidad y de las ayudas financieras por parte de los medios ha potenciado la influencia de las empresas y de sus propietarios sobre el contenido editorial. El hecho de que los medios privados dependan de subvenciones estatales, atribuidas de forma poco transparente, y de que la radiotelevisión estatal dependa de la financiación pública también amenaza  la independencia editorial y fomenta la autocensura.

La cuestión chipriota es un tabú y se supone que todos los periodistas tienen un deber de lealtad para con el gobierno sobre este asunto. Los periodistas que cuestionan la línea oficial suelen ser tildados de "traidores". El Estado también prohíbe el uso de ciertos términos relacionados con el país. 

No hay casos de detenciones arbitrarias o asesinatos de periodistas en el país, pero los ataques verbales hacia los medios por parte de representantes del Estado son constantes y afectan a la libertad de expresión. A pesar de que no haya amenazas o agresiones físicas graves, los profesionales de la información suelen ser objeto de acoso en las redes sociales. Un periodista autor de un libro sobre la corrupción en el seno del gobierno ha denunciado la vigilancia estatal y el hackeo de sus dispositivos y archivos, pero la investigación policial no ha llegado a ninguna conclusión, hasta la fecha.