Con un paisaje mediático dinámico, profesional y pluralista, Burkina Faso es uno de los países del continente africano mejor clasificados en cuestión de libertad de prensa. La transición tras la partida de Blaise Compaoré se llevó a cabo sin que se registraran casos graves de represión de los medios de comunicación. Pero, en los últimos años, ciertas medidas han venido a empañar un balance tan positivo. La Asamblea Nacional aprobó en 2019 una enmienda al Código Penal que sanciona severamente la difusión de informaciones falsas y ciertas publicaciones sobre las fuerzas de seguridad. Esta enmienda no solo permite al Estado controlar estrictamente la información, también contempla graves restricciones a la libertad de prensa, pues permite imponer multas muy elevadas a los medios de comunicación que cubren de forma crítica y objetiva la lucha contra el terrorismo emprendida por las fuerzas armadas del país, que sigue siendo una labor peligrosa. Recientemente se despenalizó la difamación, por lo que este delito ya no se castiga con penas de prisión. Sin embargo, aún es posible sancionarlo con elevadas multas, que pueden provocar el cierre de los medios de comunicación afectados. La presión sobre los periodistas se ha acentuado en 2020, según indica la Asociación de periodistas de Burkina (AJB), que ha contabilizado al menos seis ataques o actos de intimidación contra reporteros.