Si bien la cadena catarí Al-Jazeera revolucionó el paisaje mediático del mundo árabe por su manera franca y directa de informar, ésta habla poco de lo que pasa en el pequeño emirato de Catar, por ejemplo, de las condiciones de trabajo de los extranjeros, que constituyen una gran parte de la población. Los periodistas locales tienen un campo de acción reducido por el represivo arsenal jurídico –del que fue víctima el sitio web Doha news, cerrado en 2016– y el fuerte sistema de censura. Así, se ven confrontados a las mismas líneas rojas que sus colegas de otros países del Golfo Pérsico (el gobierno, la familia reinante, el Islam), so pena de ser encarcelados. A finales de 2014 se aprobó una ley contra la cibercriminalidad que impone restricciones a los periodistas y hace de la difusión de “noticias falsas” en Internet una infracción penal. El 21 de mayo de 2018 Catar decidió firmar los acuerdos internacionales de la ONU relativos a los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, uniéndose así a otros dos países del Golfo, Kuwait y Bahréin. Algunos temas sociales siguen siendo tabú. En 2018 el editor de la versión local de The New York Times censuró más de una decena de textos en los que se abordaba el tema de los derechos LGBTQ. En el verano de 2017 Al Jazeera y sus periodistas padecieron de lleno la crisis del Golfo: fueron cerradas sus oficinas en Riad y Amán.
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