Las promesas políticas de años anteriores no se han materializado: Serbia es un país de instituciones débiles, plagado de noticias falsas difundidas por los medios sensacionalistas sostenidos por el gobierno, y en el que casi a diario se producen ataques contra los periodistas lanzados, con cada vez más frecuencia, desde la élite gobernante y los medios leales. El gobierno aprovechó la crisis sanitaria para aprobar una legislación liberticida, que sería derogada después. En abril de 2020, dicha legislación le costó a la periodista Ana Lalić un arresto brutal en su casa y una noche en una celda por un reportaje sobre un hospital local. Durante las protestas contra el gobierno, los periodistas fueron víctimas de la violencia de los manifestantes y de la policía, que también llevó a cabo detenciones arbitrarias. Aunque en muchos casos las autoridades se han apresurado a identificar a los infractores, los procesos exitosos por delitos contra periodistas suelen ser de una debilidad alarmante. En 2020, los tribunales anularon la condena en primera instancia de los responsables de la muerte de Slavko Ćuruvija, asesinado en 1999, lo que dio lugar a un nuevo juicio. No obstante, a principios de 2021 se produjo un avance significativo en la lucha contra la impunidad, ya que el autor intelectual y dos autores materiales del incendio en la casa del periodista Milan Jovanović, en 2018, fueron condenados en primera instancia a cuatro años de prisión. En cuanto al denunciante serbio más famoso, Aleksandar Obradović, sigue encausado a pesar de la falta de pruebas en su contra. Incluso estando debilitados por la crisis del coronavirus y la distribución de fondos públicos en beneficio de los medios leales al régimen, los medios independientes, muchos de ellos a nivel local, continúan cubriendo temas peligrosos como la corrupción política y el crimen organizado.
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