Desde el inicio de la epidemia de Covid-19, las autoridades chinas han dado una nueva vuelta de tuerca al control de la información. Siete periodistas siguen detenidos por haber realizado la cobertura de la pandemia, mientras que más de 450 internautas han sido detenidos por compartir información sobre el coronavirus calificada como “falsos rumores”. En 2021, China sigue siendo la mayor prisión del mundo para los defensores de la libertad de prensa: más de 120 están entre rejas, a menudo en condiciones que hacen temer por sus vidas. En febrero, Kunchok Jinpa, una de las principales fuentes de información sobre el Tíbet para los medios de comunicación, murió a causa de los malos tratos que le propinaron mientras estaba detenido, Luna situación que se asemeja a las muertes en 2017 del Premio Nobel de la Paz y Premio RSF Liu Xiaobo, y del bloguero disidente Yang Tongyan. Apoyándose en el uso masivo de las nuevas tecnologías, el régimen liderado por Xi Jinping ha instaurado un modelo de sociedad basado en el control de la información y la vigilancia de los ciudadanos. Los medios de comunicación chinos, tanto públicos como privados, están cada vez más controlados por el Partido Comunista, mientras que las autoridades multiplican los obstáculos al trabajo de los corresponsales extranjeros. Más allá de sus fronteras, Pekín también trata de promover su modelo represivo y establecer un “nuevo orden mundial mediático” bajo su influencia.
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