La repentina muerte del presidente John Magufuli en marzo, meses después de su reelección para un segundo mandato, deja en la incertidumbre a los profesionales de los medios. Desde que llegó al poder en 2015, el apodado "Bulldozer" había ido derivando poco a poco a su país hacia el autoritarismo, sin tolerar ninguna forma de crítica, ni para sí mismo, ni para sus políticas. En 2019 el periodista de investigación Erick Kabendera lo vivió en carne propia: lo encarcelaron siete meses por sus críticos reportajes sobre la economía, la gobernanza y la corrupción del país. Las autoridades cambiaron tres veces los cargos que presentaron contra él; realizaron múltiples audiencias sin debatir en esencia las acusaciones; la fiscalía pedía constantemente más tiempo para desarrollar sus investigaciones. Así, la justicia, incapaz de actuar como defensa, envió un mensaje escalofriante. El periodista Azory Gwanda, que investigaba sospechosos asesinatos de funcionarios locales, desapareció en noviembre de 2017; caso que no interesó en absoluto a las autoridades. En 2019 el Ministro de Asuntos Exteriores afirmó que el reportero estaba muerto, luego se desdijo. Meses antes, dos activistas defensores de la libertad de prensa que investigaban esta desaparición fueron expulsados del país. Ningún poder protege ya en Tanzania a los periodistas ni a los medios de comunicación, que siguen sufriendo suspensiones arbitrarias -20 desde 2015-. La prensa privada que se desvía de la línea del régimen ve cómo sus recursos publicitarios públicos se desvanecen de inmediato. La crisis del coronavirus no ha hecho más que disparar este ambiente de miedo en el que la autocensura va ganando terreno. El presidente Magufuli ha subestimado ampliamente e incluso negado la realidad de la epidemia; no se han dado a conocer cifras desde abril de 2020, y varios periodistas y medios que criticaron la gestión de la crisis han sido suspendidos. La guerra contra la información independiente también se libra mediante la adopción de leyes y reglamentos cada vez más restrictivos. En 2020, nuevas normas prohibieron la publicación de información relativa "a una enfermedad mortal" o material difundido medios extranjeros sin contar con la aprobación de las autoridades.
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