En julio de 2018 fue elegido como presidente de Zimbabue Emmerson Mnangagwa, exvicepresidente de Robert Mugabe. El nuevo mandatario ha prometido fortalecer los pilares de la democracia, entre ellos, los medios de comunicación, que durante los 37 años de dictadura de Mugabe fueron constantemente amordazados y reprimidos. Por desgracia, el comienzo del mandato de Mnangagwa –exministro de Seguridad Nacional, conocido por haber hecho callar a las voces disidentes–, estuvo marcado por promesas muy alejadas de los esperados avances concretos en cuestión de libertad de prensa. Aunque el acceso a la información ha mejorado y la autocensura ha disminuido, algunos periodistas siguen siendo agredidos y detenidos con frecuencia. El bloqueo de las redes sociales a inicios de 2019, cuando se organizaron grandes manifestaciones contra el alza del precio del combustible, muestra que el régimen no ha renunciado a usar la cibercensura para impedir que circule la información. Sin duda, el año 2020 ha frustrado las esperanzas de que la práctica del periodismo resurgiera en el país. Teniendo en cuenta la cobertura de la crisis sanitaria por el coronavirus, Zimbabue se ha posicionado en el podio de los países africanos más represivos contra los periodistas, entre Nigeria y Uganda. Tras contribuir a desvelar un escándalo de corrupción sobre los recursos utilizados para combatir la epidemia, el periodista de investigación Hopewell Chin’ono se pasó buena parte del segundo semestre en prisión. Su detención arbitraria es símbolo de un régimen que aún está muy lejos de pasar página sobre años en que la información fue desvalijada. Los actos de intimidación, los ataques verbales y la confiscación de equipo siguen siendo prácticas comunes de las fuerzas de seguridad, que aún no ha perdido la mala costumbre de reprimir a los profesionales de la información. El fin del monopolio de la ZBC, la emisora pública del país, parece una farsa, ya que se han concedido licencias de televisión privada y de radio comunitaria a personas cercanas a militares y al partido gobernante. En el ámbito legal, aún está en vigor una legislación muy represiva con la prensa; todavía se espera que se realicen las reformas prometidas. Las nuevas leyes aprobadas contienen disposiciones tan represivas como las que remplazaron. Un proyecto de ley para luchar contra el crimen en internet permitiría que fuera legal que los agentes de seguridad del Estado espíen conversaciones privadas. Esto preocupa a los periodistas, sobre todo desde que el jefe del ejército señaló que las redes sociales podrían ser una “amenaza para la seguridad nacional”.
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