Cabo Verde se distingue porque no se han registrado ataques a periodistas. El país goza de una gran libertad de prensa, que está garantizada por la Constitución. El último proceso por difamación se remonta al año 2002. Sin embargo, los responsables de los medios públicos, que dominan el panorama, son nombrados directamente por el gobierno. Esto es especialmente llamativo en el caso del principal canal de televisión, Televisão de Cabo Verde (TCV) y de Rádio de Cabo Verde (RCV). Aunque no se controla el contenido de la información, la autocensura es una práctica generalizada. En 2019 se aprobaron los nuevos estatutos del grupo de medios Rádio Televisão Cabo-verdiana (RTC). Según este texto, el gobierno renuncia a su potestad de nombrar a los directivos. En julio de 2020, de acuerdo con lo previsto en sus nuevos estatutos, la RTC constituyó un Consejo independiente, que tiene como objetivo garantizar una mayor autonomía e independencia del canal público. En cuanto a los medios privados, su desarrollo está limitado por un mercado publicitario restringido y la ausencia de subvenciones para los operadores audiovisuales. La geografía del archipiélago también dificulta la distribución de la prensa y la difusión de los medios por el conjunto de las diez islas.
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