Benín posee uno de los paisajes mediáticos más pluralistas de la región: en el país hay más de 70 estaciones de radio, cerca de sesenta publicaciones impresas y quince canales de televisión. Los periodistas de Benín gozan de una verdadera libertad de expresión. Sin embargo, desde que Patrice Talon llegó a la presidencia, en 2016, la televisión del Estado cubre muy poco las actividades de la oposición y los medios de comunicación son vigilados muy de cerca. Además, después de ciertos consejos de ministros se envían a las redacciones “notas de enfoque” en las que se señalan los ángulos desde los que debería abordarse la información –relacionados en gran medida con la comunicación progubernamental–. En 2018, la Alta Autoridad de Medios Audiovisuales y Comunicación (HAAC, por sus siglas en francés) suspendió por tiempo indefinido a un famoso diario cercano a la oposición. Asimismo, Sikka TV, que pertenece a Sébastien Germain Ajavon, principal adversario político del presidente del país, aún carece de señal, a pesar del fallo judicial emitido en mayo de 2017 que permitía su reapertura. Algunos periodistas y blogueros han enfrentado procesos legales desde que se aprobó, en abril de 2018, una ley relativa al código del sector digital, que contiene disposiciones represivas que obstaculizan la libertad de información, pues penalizan los delitos de prensa en línea. En marzo de 2020, un periodista de investigación fue condenado a prisión firme por haber difundido en las redes sociales declaraciones del Fiscal de la República y se ha pasó seis meses entre rejas. Si bien la profesionalización de la prensa, y especialmente la digital, sigue siendo un problema importante, las autoridades parecen tener más prisa por endurecer las condiciones para el ejercicio del periodismo que por implementar medidas de acompañamiento. Mientras las ayudas estatales a la prensa se distribuyen de manera muy irregular, los digitales de información están en suspenso desde que la HAAC decidiera pedirles autorización previa para tener derecho a ejercer, algo que viola los estándares internacionales de libertad de expresión y que suena a intento de silenciar las webs críticas con el poder. El órgano regulador incluía criterios muy difusos, como una "investigación de moralidad", entre las condiciones necesarias para obtener la autorización.
Benín