La llegada a la presidencia de João Lourenço, en septiembre de 2017, puso fin a 40 años de reinado del clan Santos. Sin embargo, los cuatro canales de televisión, las radios y la veintena de medios de comunicación impresos del país siguen bajo el control o la influencia del gobierno y del partido en el poder. La censura y la autocensura, herencia de los años de represión del antiguo régimen, siguen estando muy presentes. Una muestra de ello es que los medios de comunicación públicos nunca mencionaron que los diputados de oposición mostraron una tarjeta amarilla al presidente, cuando éste dirigía su discurso a la nación, en octubre de 2019. Sólo un puñado de radios y de sitios web logra producir información crítica e independiente. El precio exorbitante de las licencias de radio y televisión constituye un freno para el pluralismo e impide que aparezcan nuevos actores en el paisaje mediático angoleño. En 2016 el gobierno aprobó leyes que obligan a los medios de comunicación audiovisuales a difundir los mensajes oficiales del presidente a la Nación y que facilitan que se presenten demandas por difamación, delito que en el país es sancionado penalmente. Los periodistas no tienen acceso a las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional. Sin embargo, se han registrado señales alentadoras: en 2018 las autoridades absolvieron a dos periodistas de investigación; se reconoció que habían cumplido con su “obligación de informar con toda objetividad”. Asimismo, en los diarios del Estado se publicaron artículos de opinión de la oposición. Por otro lado, aún no se despenalizan los delitos de prensa, a pesar de que los profesionales de la información han insistido en ello.
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