Amenazada de cierre una radio comunitaria apenas creada

Amenazada de cierre por las autoridades judiciales, el 5 de mayo de 2010 se determinará la suerte de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande. Los representantes de la pequeña emisora están acusados de “usurpación de tierras” y “fraude a la administración pública”, porque habrían instalado el material, sin frecuencia legal, en un terreno reivindicado por el empresario Miguel Facussé Barjum. Desde su creación el pasado 14 de abril, la radio comunitaria y la comunidad de Zacate Grande están siendo objeto de sistemáticas intimidaciones de la policía local, y de los vigilantes privados de seguridad del hombre de negocios. Un conflicto agrario enfrenta a este último con la Asociación para el Desarrollo de la península de Zacate Grande, cuya causa defiende la emisora (leer el comunicado del 21 de abril de 2010). La amenaza de cierre tiene lugar en un contexto cada vez más desastroso para la libertad de prensa en Honduras, que en pocas semanas se ha convertido en el país más peligroso para los periodistas, con siete muertos. Desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 la represión no ha cesado en ningún momento. Por otra parte, han aumentado en intensidad las amenazas de muerte que reciben Ismael Moreno, director de Radio Progreso, y uno de sus reporteros, Gerardo Chévez. Reporteross sin Fronteras hace a las autoridades responsables de su seguridad. -------------------------------------- 21.04.10 - Un séptimo periodista es asesinado a tiros bajo un clima de amenazas cada vez más alarmante
Georgino Orellana es el séptimo periodista asesinado en mes y medio. El periodista, que dirigía un programa en la Televisión de Honduras, salía de las instalaciones del canal cuando un desconocido que le esperaba afuera lo mató de un balazo en la cabeza, la noche del 20 de abril de 2010 en San Pedro Sula. Este año Honduras se ha clasificado como el país más peligroso del planeta para los profesionales de los medios de comunicación. Una ola de violencia que ha forzado a tres periodistas al exilio. El móvil del asesinato de Georgino Orellana aún se desconoce y su asesino se dio a la fuga. El periodista, quien también era catedrático universitario, trabajó diez años como reportero de la corporación Televicentro. Expresamos nuestras condolencias a su familia y colegas. Héctor Iván Mejía, jefe de la policía de San Pedro Sula, aseguró que este asesinato “no quedará impune”. Pese a las recientes promesas del gobierno, no se ha hecho justicia en ninguno de los casos que tuvieron lugar tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, estén o no ligados directamente a este evento. Ya de por sí víctima de una gran inseguridad, la prensa hondureña vive desde entonces una situación aún más dramática. Testimonio de esta situación son las amenazas dirigidas contra Radio Progreso, ocupada por el ejército horas después del golpe de Estado para impedir que difundiera información sobre éste. Contactados por Reporteros sin Fronteras, los directivos de Radio Progreso solicitaron que los nombres de sus periodistas y colaboradores amenazados de muerte permanecieran en el anonimato por cuestiones de seguridad.

Por otra parte, el 20 de abril la estación comunitaria La Voz de Zacate Grande fue víctima de intimidaciones por parte de la policía local y de los guardias privados del empresario Miguel Facussé Barjum, quien sostiene un conflicto agrario con la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande, cuya causa defiende la estación radiofónica. Asimismo, el 9 de abril de 2010 las instalaciones del Canal 40, en Tocoa (región de la costa atlántica), fueron balaceadas, según información del Comité por la libre expresión (C-Libre). El atentado se atribuye a dos individuos, de los que el periodista y conductor de televisión Emilio Oviedo Reyes se queja haber sido blanco tras el golpe de Estado. En esta misma ciudad fue asesinado Nahúm Palacios. Es probable que el ejercicio de su profesión sea la causa del crimen que, precisamente, Emilio Oviedo Reyes había denunciado a la policía. Finalmente, el 12 de abril pasado una jurisdicción penal de Tegucigalpa liberó a cuatro funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), entre ellos al expresidente Miguel Ángel Rodas, acusados por el ministerio público de “abuso de autoridad”. Los cuatro funcionarios ordenaron en septiembre pasado el cierre y la confiscación del material de Radio Globo y Cholusat TV (Canal 36) –los dos principales medios de comunicación de oposición al golpe de Estado– en el momento de la instalación del estado de excepción, tras el regreso clandestino de Manuel Zelaya al país. La juez Martha Murillo consideró que la libertad de expresión “no había sido bloqueada en una situación de estado de excepción”. Sin embargo, el artículo 73 de la Constitución hondureña prohibe toda confiscación de material o interrupción del trabajo de un medio de comunicación, en nombre del principio de la libertad de expresión. Además, esta garantía constitucional no puede ser suspendida en caso de estado de sitio, recuerda C-Libre. Foto: http://www.google.com/imgres?imgurl=http://i855.photobucket.com/albums/ab115/intibuca/5416_510918270562_203100078_3039-2.jpg&imgrefurl=http://en-resistencia.blogspot.com/2009/09/resistance-music.html&usg=__U6mW0d0qPUTX8z8p3EVLDpFKMIM=&h=399&w=298&sz=29&hl=en&start=17&sig2=0gVxrp1joXPVuNOi9OL3Vw&itbs=1&tbnid=ZCogWIeYp9JlOM:&tbnh=124&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3D%2522radio%2Bprogreso%2522%2BHonduras%26hl%3Den%26client%3Dsafari%26tbo%3D1%26rls%3Den%26tbs%3Disch:1&ei=MhjPS8DTHpaN_Abt-rVr