Acceso a la información: una asociación gana el caso, incluso si aún domina la regla de “dos pesos dos medidas”

Reporteros sin Fronteras celebra que el 2 de marzo de 2011 se hayan hecho públicos documentos del Ministerio de la Defensa sobre la política de la administración de George W. Bush en lo que concierne a Guantánamo y sus argumentos sobre los “riesgos que corría” la población si los prisioneros de la base militar estadounidense eran liberados. La asociación Judicial Watch pudo al fin tener acceso a estos documentos a través de un requerimiento presentado el 15 de mayo de 2009, con el apoyo de la Freedom of Information Act (Ley de Libertad de Información, FOIA por sus siglas en inglés). “Esta decisión responde en principio a la preocupación por la transparencia, manifestada por la administración Obama. No obstante, esperamos que esta administración sepa demostrar la misma transparencia en lo que concierne a las fotos y los documentos que muestran las violaciones de los derechos humanos de los prisioneros en Afganistán e Irak cometidas por el ejército estadounidense. El gran giro de la Casa Blanca respecto a la aplicación de la FOIA, en mayo de 2009, se resintió duramente”, declaró Reporteros sin Fronteras. Este mismo día nuestra organización también tuvo conocimiento de que el soldado Bradley Manning, acusado de haber transmitido cables diplomáticos al sitio Wikileaks (ver el sitio espejo de Reporteros sin Fronteras: http://es.rsf.org/fr-page-wikileaks-en-wikileaks.html), enfrenta formalmente 22 cargos. El abogado del joven militar, David E. Coombs (@armycmdefense), precisó en Twitter que la acusación más grave es la de “ayudar al enemigo”. De confirmarse, esta acusación puede condenarle a cadena perpetua, incluso a la pena de muerte. Según The New York Times, las otras acusaciones conciernen a “la publicación de información clasificada en Internet sabiendo que el enemigo podía tener acceso a ella; el robo de archivos públicos; la violación del secreto de la Defensa y el fraude informático”. “Recordamos a la administración Obama y a la justicia federal que Bradley Manning es siempre presumiblemente inocente, según la ley. En este caso no se podría aplicar la regla “dos pesos dos medidas”. Si Bradley Manning es encontrado culpable, entonces debería aplicarse el mismo rigor a los funcionarios responsables de la destrucción de los videos de la CIA que mostraban las técnicas de interrogatorio del ejército estadounidense en Guantánamo y en una prisión secreta de Tailandia. ¿En qué serían estos agentes menos culpables de violar la primera enmienda de la Constitución, que Bradley Manning de atentar contra un principio de seguridad nacional?” Las sanciones impuestas a Bradley Manning –quien a priori no debería enfrentar la pena capital–perjudicarían aún más la credibilidad estadounidense en materia de derechos humanos y acceso a la información. El escándalo provocado por la destrucción de los videos de la CIA corre el riesgo de ampliarse si no se da un seguimiento judicial a este caso. Por otra parte, la Casa Blanca caería en una contradicción si impide el acceso a las fotografías y los documentos que muestran los abusos del ejército estadounidense. El memorándum del presidente Barack Obama dado a conocer el día de su investidura, el 21 de enero de 2009, estipula claramente que “los miedos especulativos o abstractos” no son razones suficientes para justificar el exceso de confidencialidad y de clasificación de la información.