Tratar cuestiones delicadas cuesta caro: asesinan a un periodista e intimidan a otros dos

Reporteros sin Fronteras condena con firmeza el asesinato de Luis Eduardo Gómez y las intimidaciones padecidas por otros dos profesionales de los medios de comunicación, Mary Luz Avendaño y Gonzalo Guillén. La organización pide a las autoridades que establezcan medidas de protección sólidas, que garanticen la seguridad de los periodistas. El país debe hacer del respeto de la libertad de expresión y del combate contra la impunidad una prioridad. Luis Eduardo Gómez, de 70 años de edad, colaborador de los periódicos El Heraldo de Urabá y Urabá al día, fue acribillado a balazos el 30 de junio de 2011 en Arboletes, en el departamento de Antioquia (noroeste). Dos hombres que se desplazaban en motocicleta lo siguieron hasta su domicilio, en el barrio El Deportivo, y lo ejecutaron en presencia de su esposa. Según información confiada por un periodista a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), organización que colabora con Reporteros sin Fronteras, Luis Eduardo Gómez había realizado investigaciones sobre el asesinato de su hijo, ocurrido en 2009, y sobre la gestión de las cuentas públicas del gobierno local. El periodista era testigo ante las autoridades judiciales en investigaciones sobre los nexos entre grupos paramilitares y políticos locales; debía comparecer ante la fiscalía unos días después de su muerte. Fue acallado, como otros tres testigos asesinados desde octubre de 2010; otros cinco testigos habrían sido forzados a salir de la región o huyeron por temor. El periodista no había recibido amenazas previamente. El Secretario del Gobierno municipal, Esteban Revollo, señaló que no se tiene certeza de que los grupos paramilitares estén detrás del asesinato del periodista. Sin embargo, reconoció que las medidas de protección adoptadas durante un consejo extraordinario de seguridad, el 29 de junio pasado, no habían dado los resultados esperados. Estos crímenes demuestran que los grupos paramilitares, lejos de haber entregado las armas durante el proceso de “desmovilización” emprendido entre 2003 y 2006, continúan sembrando el terror y siguen siendo un peligro constante para la democracia y las libertades públicas. Uno de ellos, las “Águilas Negras”, se encuentra desde hace varios años en la lista de predadores de la libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras. Por tratar temas de alta sensibilidad, Mary Luz Avendaño, corresponsal del periódico El Espectador, y Gonzalo Guillén, periodista independiente y ex colaborador de los diarios El Tiempo, La Prensa y Miami Herald, se han convertido en blanco de una campaña de intimidación. Mary Luz Avendaño recibió una primera advertencia tras haber publicado un artículo sobre la violencia entre bandas del narcotráfico en Antioquia. Sus fuentes y agentes de inteligencia de la policía le advirtieron del peligro que corría. Recibió nuevas amenazas cuando publicó una nota sobre las “polibandas”, en la que denunciaba los nexos entre bandas criminales y algunos miembros de la policía. Desde entonces las advertencias se acentuaron. "Dígale a su amiga, la periodista Mary Luz, que deje de publicar maricadas, ¿o quiere ganarse el premio gordo?", decía el último mensaje que le enviaron a través de una de sus fuentes, el 22 de junio pasado. La periodista cuenta con protección policiaca, asignada por el comandante de la policía de Medellín. El 27 de mayo de 2011 desconocidos se introdujeron de nuevo a la fuerza en la casa de Gonzalo Guillén, autor de un polémico documental sobre la liberación de Ingrid Betancourt. Los malhechores robaron documentación que contenía información sobre gastos relacionados con la operación de rescate de la política franco-colombiana y pagos de ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”) presuntamente cometidas por el ejército de Colombia. Las amenazas telefónicas no han cesado desde entonces. El documental muestra “documentos y testimonios de primera mano según los cuales la liberación de Ingrid Betancourt, tres militares norteamericanos y once colombianos no fue un golpe de inteligencia militar sino un negocio con dos jefes de las FARC para el cual el ex presidente Uribe ofreció cien millones de dólares", explicó Guillén, subrayando lo delicado del tema. "Sin haber visto el documental, el presidente Santos me llamó ‘idiota útil’ de las FARC y con ello me puso en la mira de desconocidos que han llamado para amenazarme de muerte", agregó. Guillén presentó una denuncia ante la fiscalía, pero no goza de un esquema de protección.