Temores de cierres en los medios comunitarios, a falta de un marco jurídico claro y despreciando los compromisos internacionales del gobierno

En un contexto de repetidas amenazas de cierre y suspensiones de algunas radios comunitarias, Reporteros sin Fronteras se dirige a las autoridades federales pidiéndoles que aclaren jurídicamente la situación de ese tipo de medios de comunicación y respeten los acuerdos internacionales, que les protegen. Entre otros muchos, el caso de la emisora Radio Totopo de Juchitán (Estado de Oaxaca, Sur) es un ejemplo de esos incumplimientos. “El tratamiento actual de la cuestión de los medios comunitarios, que en su inmensa mayoría son radios, pone de manifiesto la arbitrariedad y el absurdo, a la vez. Por una parte, algunas emisoras operan con la etiqueta comunitaria, cuando tienen un formato y unos objetivos comerciales. Sería muy conveniente dotar ya a los medios comunitarios de un marco legal que corresponda a sus criterios. Por otra parte, la concesión de frecuencias sigue funcionando según un régimen discreccional, con frecuencia en detrimento de pequeñas radios comunitarias indígenas, a las que el gobierno debe ayudar en virtud de la Constitución y de ciertos tratados internacionales. En este contexto, el incremento de los embargos, a causa de que una determinada emisora emite ilegalmente, no va a resolver nada. Reporteros sin Fronteras apoyará cualquier enfoque útil que se consiga entre las autoridades y las organizaciones, nacionales e internacionales, que representan a dichos medios”, ha declarado la organización. En Juchitán, en el Estado de Oaxaca, la emisora Radio Totopo emite el 95 % de su programación en lengua zapoteca, para cuiatro comunidades indígenas de la región. Uno de los coordinadores de la emisora, Carlos Sánchez Mártinez, ha compartido con Reporteros sin Fronteras su temor de que se produzca un cierre, después de varias operaciones en ese sentido de la Policía Federal Preventiva (PFP) contra otras catorce radios del mismo sector - que para algunos son comerciales pero se autoproclaman comunitarias -, que tuvieron lugar el 29 de agosto de 2008. Algunas de las emisoras se han creado por iniciativa del gobernador del Estado, Ulises Ruíz Ortiz, conocido por sus conflictivas relaciones con la prensa local y cuya guardia personal se vio mezclada en el asesinato del camarógrafo norteamericano de la agencia Indymedia Brad Will (leer los comunicados), ocurrido en el fragor de una grave crisis social y política en el otoño de 2006. El asesinato, el 7 de abril de 2008 en la localidad de Putla de Guerrero, de Teresa Bautista Flores, de 24 años, y Felicitas Martínez, de 20 años - ambas trabajadoras de La Voz que Rompe el Silencio, una radio de la comunidad Trique (leer el comunicado del 9 de abril de 2008) -, alimenta también las preocupaciones de los medios indígenas de Oaxaca. Por otra parte, se trata de un crimen nunca aclarado. En un nivel más general, como han constatado Reporteros sin Fronteras y otras organizaciones - la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc-México), la Asociación para el Derecho a la Información, Artículo 19 - en la concesión de las frecuencias, y en la orden de cierre de determinados medios, sigue prevaleciendo el carácter discreccional. En el período comprendido entre el 12 de junio y el 17 de julio de 2008, al menos 40 de las 131 frecuencias disponibles se concedieron a radios mayoritariamente comerciales, en detrimento de otras emisoras comunitarias o educativas. Durante el mismo período se cerraron varios medios, o se embargaron sus equipos mediante intervención de la policía federal, como ocurrió el pasado 12 de julio con Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua, en el Estado de Guerrero (Sudoeste), o con Radio Tierra y Libertad un mes antes en el de Nuevo León (Noreste). Se rechazaron muchas solicitudes de frecuencia, procedentes de medios similares. Reporteros sin Fronteras recuerda que la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos (art.2) impone “establecer condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación”. La organización subraya igualmente que, en septiembre de 1990, México ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que da a las comunidades indígenas, y a las minorías, derecho a disponer de sus propios medios de comunicación y a disponer de la ayuda necesaria para dotarse de ellos. En tanto que Estado miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), México debe respetar su jurisprudencia y la Declaración de principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo artículo 2 consagra el derecho a “recibir, buscar y impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. En el mismo sentido, los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, firmados en febrero de 1996, precisan que “se permita a los pueblos indígenas tener medios de comunicación”.