Teherán endurece su línea en relación con la Red

A finales de julio de 2004 fue juzgado Mojtaba Lotfi, estudiante de teología en la universidad islámica (feyzieh) de Qom, por publicar en Internet algunos textos críticos con las autoridades que, por otra parte, están preparando un proyecto de ley destinado a yugular la disidencia en la Red. Reporteros sin Fronteras está muy preocupada por las medidas adoptadas por Teherán para amordazar la Red y denuncia la detención de Mojtaba Lotfi. "Recientemente las autoridades han endurecido su línea en relación con las publicaciones digitales. Hemos constatado un fortalecimiento de la censura, a partir de las elecciones legislativas de febrero. Ahora el poder parece franquear una nueva etapa, atacando directamente a los ciberdisidentes y creando un marco legal que le permita justificar su represión", ha declarado la organización. Juzgado un ciberdisidente Mojtaba Lotfi, teólogo y ex periodista del diario reformista Khordad, suspendido en 2000, fue detenido a principios de mayo y encarcelado en la prisión de la ciudad santa de Qom. Según informaciones recientes recogidas por Reporteros sin Fronteras, al ciberdisidente le habrían juzgado a finales de julio, por "espionaje" y "publicación de informaciones falsas", pero la justicia todavía no ha dado a conocer el veredicto. Mojtaba Lotfi publicó en www.naqshineh.com, un sitio informativo sobre la ciudad de Qom, un artículo titulado "El respeto a los derechos humanos en los asuntos en que está implicado el clero". Naqshineh también es objeto de diligencias judiciales, entre otras cosas a causa de algunos artículos sobre las últimas elecciones legislativas. El sitio se encuentra bloqueado desde marzo de 2004, por orden de las autoridades de la ciudad de Qom. Un preocupante proyecto de ley Reporteros sin Fronteras ha estudiado la versión oficial, aparecida en febrero de 2004 en el diario Iran, del proyecto de ley "sobre el castigo de los delitos relacionados con Internet". El texto crea un marco legislativo muy represivo para la libertad de expresión en el Net. Establece penas de uno a tres años de cárcel para la difusión "de informaciones que constituyan una amenaza para la seguridad interior o exterior del país", y de cinco a quince años de cárcel si se facilitan dichas informaciones a "Estados u organizaciones extranjeros". A continuación el proyecto de ley prevé luchar contra los contenidos "nauseabundos", como los que muestran "órganos o actos sexuales, tanto de relaciones heterosexuales como de relaciones homosexuales o zoófilas". Las penas previstas para la difusión de ese tipo de contenidos pueden llegar hasta un año de cárcel y diez millones de rials (950 euros) de multa. Uno de los mayores crímenes continúa siendo la difusión de "informaciones falsas" relativas al Guía Supremo o a oficiales del régimen, una ofensa que puede acarrear seis meses de encarcelamiento y una multa de diez millones de rials. El proyecto de ley se refiere también a la responsabilidad de las empresas del sector de Internet (cibercafés o proveedores de acceso). Les obliga a vigilar la totalidad de los contenidos a los que den acceso, y a bloquear todos los sitios "nauseabundos" o ilegales. Esas empresas también tienen que alertar a la policía y ayudar a identificar a las personas que hayan difundido los contenidos mencionados. En caso contrario, los propietarios de los establecimientos se arriesgan a una pena de cinco años de encarcelamiento, el cierre de sus empresas y la prohibición de trabajar en el sector de Internet, durante el tiempo que determine el juez. Además, los proveedores de acceso y propietarios de cibercafés tienen que conservar, durante tres meses, la totalidad de los datos de conexión, así como la identidad de sus clientes. La policía puede registrar, sin autorización del juez, el domicilio de un internauta o los locales de cualquier persona moral cuya actividad esté relacionada con Internet. Puede entonces incautarse de cualquier material o soporte informático. Sin embargo el individuo, o la sociedad en cuestión, pueden negarse al registro, y en ese caso la policía tiene que conseguir un mandato judicial. Ultimo punto abordado por el texto de la ley: la concordancia de la legislación nacional con las convenciones internacionales, en materia de Internet. Sin embargo, aunque el documento pide que una comisión examine la conformidad de las medidas adoptadas por la República Islámica de Irán con las normas internacionales, también precisa que "los textos extranjeros no serán de aplicación si son contrarios a la charia, o a la ley iraní, lo mismo que si van en contra de la seguridad y el interés del país". La comisión de concordancia se encargará también de explicar estas nuevas medidas a la comunidad internacional.