Las elecciones de marzo de 2019, prometidas durante años, no variaron el control absoluto que ejerce sobre los medios tailandeses la élite que rodea al general Prayuth Chan-o-cha, autor del golpe de 2014, y que acumula desde entonces los cargos de primer ministro, ministro de la Defensa y jefe de la policía real. Cualquier crítica al poder puede desencadenar una violenta represión, algo que es posible gracias a un marco legislativo liberticida y a un sistema judicial que cumple órdenes. La ley relativa a la seguridad en internet, adoptada en febrero de 2019, otorga aún más poderes al ejecutivo y representa nuevas amenazas para la libertad de información en línea. La instrumentalización del delito de “lesa majestad”, que puede castigarse con quince años de cárcel, sigue siendo un arma de disuasión para todas las voces disidentes. La autocensura domina ampliamente los medios de comunicación tailandeses, algo que ha podido verse en la ausencia de cobertura sobre las manifestaciones masivas a favor de la democracia que tuvieron lugar en el reino en 2020. Una de las principales demandas del movimiento, la reforma de la monarquía, ha sido sistemáticamente borrada de los reportajes en los medios de comunicación de mayor audiencia. El gobierno también instrumentalizó la crisis del coronavirus con el fin de promulgar un decreto que condena con cinco años de prisión la difusión de información "falsa o capaz de generar miedo entre la ciudadanía" y permite al gobierno imponer correctivos a las informaciones publicadas. Por otro lado, las autoridades son muy complacientes con ciertos regímenes: periodistas y blogueros camboyanos, chinos y vietnamitas que se encontraban en territorio tailandés han sido detenidos por agentes de su país, “repatriados” y encarcelados.