El año 2019 estuvo marcado por el fin oficial del Consejo Nacional para la Paz y el Orden, un eufemismo para denominar a la junta creada tras el golpe de Estado de 2014 por el general Prayuth Chan-o-cha. Este consejo –omnipresente y con plenos poderes– efectuó numerosas citaciones y detenciones abusivas de periodistas, sobre todo independientes, lo que llevó a una decena de reporteros a exiliarse. Las elecciones de marzo de 2019 –prometidas desde hace años– no han cambiado en nada el absoluto control de la élite que rodea a Prayuth Chan-o-cha, quien ahora ocupa los cargos de Primer Ministro, Ministro de la Defensa y Jefe del Ejército. Cualquier crítica al poder puede desencadenar una violenta represión, facilitada por un marco jurídico liberticida y una justicia que está a sus órdenes. La ley relativa a la seguridad en internet, adoptada en febrero de 2019, otorga aún más poderes al ejecutivo y representa nuevas amenazas para la libertad de información en línea. Por ejemplo, en diciembre de 2019 una periodista fue condenada a dos años de prisión por haber denunciado en un tweet las deplorables condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes. La instrumentalización del delito de “lesa majestad”, que puede castigarse con quince años de cárcel, sigue siendo un arma de disuasión para todas las voces disidentes. Por otro lado, las autoridades son muy complacientes con ciertos regímenes: periodistas y blogueros camboyanos, chinos y vietnamitas que se encontraban en territorio tailandés han sido detenidos por agentes de su país, repatriados y encarcelados.