El Consejo Nacional para la Paz y el Orden –un eufemismo para denominar a la junta creada tras el golpe de Estado de 2014 por el general Prayuth Chan-o-cha– ha vigilado y censurado a periodistas y blogueros durante cinco años. Este consejo –omnipresente y con plenos poderes– incrementó las detenciones abusivas de periodistas, sobre todo independientes, y sus comparecencias ante la justicia, lo que llevó a una decena de reporteros a exiliarse. Cualquier crítica a las autoridades o a la junta puede provocar una violenta represión, que es posible gracias al marco legislativo liberticida y a que la justicia está a su servicio. Las elecciones de marzo de 2019 –prometidas desde hace años– no cambiaron nada la situación. El gobierno menosprecia el pluralismo, una muestra de ello es que durante la campaña electoral la junta suspendió a la cadena Voice TV, cercana a la oposición. La ley relativa a la ciberseguridad, adoptada en febrero de 2019, otorga más poderes al ejecutivo y representa una nueva amenaza para la libertad de información en línea. La instrumentalización del delito de “lesa majestad”, que puede castigarse con quince años de cárcel, sigue siendo un arma de disuasión para las voces disidentes. Por otro lado, las autoridades son muy complacientes con ciertos regímenes: periodistas y blogueros chinos y vietnamitas que se encontraban en territorio tailandés han sido detenidos por agentes de su país, repatriados y encarcelados.