El peso del Estado es determinante. El Ministerio de los Medios dirige, entre otros, la Sri Lanka Broadcasting Corporation (SLBC), la Rupavahini Corporation (SLRC), el Independent Television Network (ITN) o la Associated Newspapers of Ceylon Limited (ANCL), una importante selección de medios escritos, radiofónicos y audiovisuales cuyas redacciones disponen de una independencia editorial extremadamente débil. La situación de los periodistas en el sector privado tampoco es muy diferente, ya que la mayoría de los propietarios de los grandes medios son afines a algún partido político. Los cuatro principales dueños de periódicos se reparten tres cuartas partes de los lectores de prensa escrita y solo el grupo de prensa líder, Lake House, propiedad de la familia Wijewardene, posee la mitad de las publicaciones del país. Según un estudio de RSF, menos del 20% de los habitantes de Sri Lanka tiene acceso a un medio independiente.

La situación política es extremadamente inestable desde la crisis política, también conocida como "Aragalaya", o “lucha”, que sacudió la isla en 2022. Esta protesta masiva de la sociedad civil provocó la caída del clan Rajapaksa, llamado así por el ex presidente de la república, que huyó de Sri Lanka en julio de 2022. Entre 2005 y 2015, se erigió en líder de la "banda de las furgonetas blancas", en referencia a los vehículos en los que al menos 14 periodistas fueron secuestrados para ser ejecutados. Aunque su destitución marca el fin de su política implacable de represión a la libertad de prensa, el panorama mediático sigue estando extremadamente polarizado y sometido a los vaivenes políticos.

La ley srilankesa no fija ninguna restricción a la libertad de expresión, pero nada garantiza la protección de los periodistas. El estatuto del Consejo de la Prensa, creado por una ley de 1973 para “regular” el sector, ya es en sí un problema, pues  la Presidencia de la República decide sobre la designación de la mayoría de sus miembros. Las autoridades invocan frecuentemente la ley sobre prevención del terrorismo para silenciar a los periodistas, empezando por aquellos que tratan de investigar sobre las condiciones de vida de la minoría tamil en el norte y este de la isla. En enero de 2024, el Parlamento aprobó una ley sobre la regulación de Internet, creando la Comisión de Seguridad en Línea, cuyos miembros son nombrados por el presidente. Con el pretexto de defender la "seguridad nacional", este organismo puede censurar el contenido y las cuentas de las voces disidentes en las redes sociales, así como levantar la confidencialidad de sus fuentes.

El mercado de los medios dirigidos al gran público está extremadamente concentrado. En el sector audiovisual, cuatro gigantes se reparten cerca del 80% de las audiencias. En este contexto, las autoridades públicas pueden ejercer una influencia considerable en los nombramientos o los despidos de los directores, ya sea por medio de amistades políticas, de chantajes con las subvenciones o con los anuncios publicitarios o, simple y llanamente, de la corrupción. Como resultado, es en Internet donde se encuentran los contenidos informativos más independientes, liderados por las cadenas de televisión digitales. Los periodistas que presentan su programación son objeto de presiones e intimidaciones.

La prensa de Sri Lanka se dirige primordialmente a la mayoría cingalesa y budista que representa a tres cuartas partes de la población del país. En este contexto, es extremadamente peligroso formular críticas abiertas a la religión budista o a su clero, pues la Justicia ya se ha servido del código penal, en el pasado, para encerrar en prisión a periodistas sospechosos de “odio religioso”. De forma más general, tratar cuestiones relativas a las minorías tamiles y/o musulmanas es extraordinariamente sensible. Los periodistas y los medios que se han arriesgado a hacerlo, en los últimos años, han sido el blanco de detenciones, amenazas de muerte o ciberataques coordinados.

Los profesionales de los medios han sido víctimas de asesinatos y desapariciones a lo largo de dos décadas marcadas por el aplastamiento de la revuelta separatista de los Tigres Tamiles. Pese a que no se han registrado crímenes contra periodistas desde 2015, la impunidad sigue siendo absoluta. En 2019, décimo aniversario del fin de la guerra civil, se registró un preocupante aumento de los ataques contra periodistas del norte y de la costa este de Sri Lanka, ubicaciones tradicionales de las poblaciones tamiles, donde los reporteros son sistemáticamente seguidos y acosados por la policía y el ejército. Estas zonas están cerradas a los medios independientes.