En 2019 fueron asesinados tres periodistas en Somalia, con lo que asciende a 50 el número de reporteros asesinados en la última década. Este país sigue siendo uno de los más peligrosos para los periodistas en África. La corrupción y la inseguridad afectan seriamente la libertad de información. Gran parte del país está controlado por grupos armados; algunos estados no reconocen (o muy poco) a las autoridades federales. Los periodistas sufren las presiones de diversos actores: quienes no se someten y autocensuran pueden ser atacados por los shebab –estas milicias son las principales responsables de los asesinatos de periodistas– o padecer arrestos y detenciones arbitrarias –se registraron más de veinte en 2019–, incluso tortura; el gobierno también ha cerrado medios de comunicación. Las autoridades de Somaliland y Puntland son muy represivas y ejercen grandes presiones en los medios de comunicación locales. No es raro que periodistas comparezcan ante jurisdicciones militares o tribunales civiles y sean juzgados con base en leyes que datan de la época de la dictadura militar. El proyecto de ley de prensa, aprobado con gran opacidad por el Parlamento a finales de 2019, contiene numerosas disposiciones liberticidas y da al Ministerio de Información poderes exorbitantes, que le permiten controlar toda la producción de información. Si el presidente promulga esta ley, socavará los alentadores esfuerzos observados recientemente. Aunque constantemente se ataca a los profesionales de la información con toda impunidad, las autoridades han dado señales de avance en ese sentido. El policía que asesinó a un camarógrafo en Mogadiscio en julio de 2018 fue condenado en contumacia a cinco años de prisión incondicional, pero aún no ha sido arrestado. Los dos soldados que ataron a dos periodistas y los abandonaron en pleno sol fueron expulsados del ejército. La primera vez que sucede en Somalia.