Reporteros sin Fronteras se felicita por el abandono de la reforma del código penal

Reporteros sin Fronteras se felicita por el veto planteado por el presidente Alfredo Palacio a la ley de reforma del código penal, que el Congreso aprobó el 30 de noviembre de 2005. Esa decisión pone fin a la polémica que generó uno de los artículos de la mencionada ley que, entre otras cosas, exponía a los periodistas a graves sanciones, en el marco del ejercicio de su profesión. Las organizaciones de periodistas y algunos medios de comunicación ecuatorianos han manifestado su satisfacción ante el anuncio de la decisión presidencial, adoptada el 29 de diciembre de 2005. En cuanto al diputado que presentó la ley, continúa asegurando que no atentaba contra la libertad de prensa, sino que solamente pretendía sancionar el espionaje. Tras el anuncio del veto presidencial, el proyecto de ley ha quedado en suspenso durante un año. La decisión final sobre la reforma deberán tomarla los diputado que resulten elegidos en las próximas elecciones legislativas, que se celebrarán en octubre de 2006. ------------------------------------------------------------- 05-12-05 Reporteros sin Fronteras está preocupada por las consecuencias que una reforma del código penal puede tener para la prensa Reporteros sin Fronteras está preocupada por la introducción en el código penal ecuatoriano de un nuevo artículo, aprobado el 30 de noviembre de 2005 en el Congreso, que entre otras cosas castiga con graves penas de cárcel la difusión de conversaciones telefónicas, sin autorización expresa de los interlocutores. « No ignoramos que el trabajo de los periodistas se basa en una ética profesional. Evidentemente, esa deontología prohíbe el espionaje telefónico. Sin embargo, la noción de “autorización expresa del interlocutor” puede utilizarse abusivamente contra los medios de comunicación si, por ejemplo, una fuente informativa se retracta. Por otra parte, la pena prevista para los casos de infracción es realmente desproporcionada. Por eso esperamos que el legislador proporcione las garantías necesarias para que no se impida la libertad de prensa », ha declarado Reporteros sin Fronteras. La ley de reforma del código penal se votó en el Congreso, en sesión plenaria y en segunda lectura, el 30 de noviembre. El texto introduce un artículo en virtud del cual se sancionará cualquier « intercepción, interferencia, publicación o divulgación, sin el consentimiento expreso de las partes, de informaciones transmitidas mediante los servicios de telecomunicaciones, o por otros medios de comunicación ». La ley prohíbe que los medios de comunicación difundan una conversación telefónica, registrada clandestinamente, sin la autorización de los interlocutores. La sanción prevista puede llegar hasta nueve años de cárcel. A posteriori la ley, pendiente de la aprobación del gobierno en un plazo de diez días, ha generado un vivo debate. El diputado Ernesto Pazmiño, del partido de Izquierda Democrática, ha declarado al diario El Comercio que la ley « atenta contra el derecho de los medios de comunicación de acceder libremente a las fuentes de información ». El diputado del Partido Social Cristiano (PSC, derecha), Alfonso Harb, de quien partió la iniciativa de la nueva ley, se ha defendido en las mismas páginas de atentar contra la libertad de prensa, y ha invocado el respeto a la vida privada : « La ley no obstaculiza la libertad de prensa, sino que sanciona el espionaje... El objetivo es evitar el chantaje político mediante la utilización de grabaciones de conversaciones telefónicas. » La ley es una consecuencia del escándalo de espionaje que salpicó al presidente Lucio Gutiérrez, derrocado el 20 de abril, acusado de haber ordenado que se hicieran escuchas de opositores.