Reporteros sin Fronteras pide a las autoridades norteamericanas que garanticen la libertad y la seguridad de los periodistas

Las autoridades norteamericanas han invitado a cubrir la guerra a más de seiscientos periodistas de todo el mundo, integrándoles en sus unidades militares. El ministerio norteamericano de Defensa presentó esta política de "incorporación" como la voluntad de facilitar a los medios de comunicación un acceso al campo de batalla, sin precedente desde la guerra de Vietnam. Los periodistas incorporados se han comprometido por escrito a respetar medio centenar de reglas, que enmarcan su trabajo entre las fuerzas armadas. Reporteros sin Fronteras acoge favorablemente esta nueva política que, teóricamente, debería autorizar una cobertura de los acontecimientos mejor que la que se dio en la guerra del Golfo de 1991. Pero solamente la práctica permitirá evaluar si las reglas de la incorporación, muy estrictas, satisfacen el grado de independencia y de libertad requerido por los profesionales de los medios de comunicación. De momento, Reporteros sin Fronteras manifiesta sus reservas. El reglamento pretende especificar, a la vez, las informaciones cuya difusión está prohibida y las que están autorizadas. Sin embargo, el reparto es extremadamente nebuloso. En última instancia, como los mandos de la unidad son los últimos en juzgar la naturaleza, confidencial o no, de las informaciones, todo dependerá de la interpretación que ellos hagan del texto. Por otra parte, Reporteros sin Fronteras está preocupada por el contenido del artículo 6, que establece que los mandos de la unidad podrán imponer un "embargo" preventivo de las informaciones que puedan atentar contra "la seguridad de las operaciones": También resulta muy nebulosa la amplitud de esas informaciones, y no se especifica la duración máxima del embargo. Ambos criterios se encuentran igualmente sometidos a la autoridad del mando sobre el terreno. Reporteros sin Fronteras considera que los artículos 40, 41 y 43, relativos a la prohibición de fotografiar o mostrar los rostros de los prisioneros de guerra y de los soldados muertos en el frente, atentan contra el derecho a informar. Es el periodista, y no el ejército norteamericano, quien debe juzgar, de acuerdo con su deontología profesional, qué imágenes de víctimas y de prisioneros de guerra se pueden difundir. Las fotografías de los prisioneros con los rostros demacrados, detenidos en los campos de concentración serbios en Bosnia, durante la guerra de Yugoslavia, demuestran por ejemplo que esas fotos constituyen una información a la que debe tener acceso la opinión pública. Finalmente, Reporteros sin Fronteras está preocupada por las condiciones de trabajo de los periodistas no incorporados, para los que las autoridades norteamericanas no han dado ninguna garantía. Y así, en varias ocasiones, el Pentágono ha advertido a los periodistas sobre los peligros que corren. "Cuando el ejército dice algo, pido a los periodistas que lo tengan realmente en cuenta. Es por su propio interés y por el de sus familias", declaró el portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, el 28 de febrero de 2003. Reporteros sin Fronteras recomienda a las autoridades norteamericanas: - que garanticen, a los periodistas incorporados en las unidades del ejército norteamericano, un grado de libertad compatible con su misión informativa. Aunque, en su mayoría, las reglas de la incorporación reflejan legítimas preocupaciones del ejército norteamericano, Reporteros sin Fronteras teme que se interpreten de una manera muy restrictiva, - que garanticen públicamente a los periodistas no incorporados que podrán trabajar en condiciones de libertad y de seguridad satisfactorias; y que les proporcionen igualmente un acceso satisfactorio a la información militar, - que se abstengan de usar deliberadamente como blancos a los emisores y los locales de los medios de comunicación, incluidos los que se utilicen con fines propagandísticos. Los bienes y equipos de los medios de comunicación están considerados como bienes civiles, protegidos por el derecho humanitario internacional. La propaganda tiene como objetivo mantener alta la moral de la población, y es inherente a cualquier conflicto. Y la moral de la población no debería ser un objetivo militar. - que garanticen la adopción de las máximas precauciones para evitar herir a los periodistas, ya que se conoce su presencia en determinados lugares. En enero de 2003, Reporteros sin Fronteras publicó un informe denunciando los atentados contra la libertad de prensa en Irak. La organización condenó a las autoridades de Bagdad que, de manera arbitraria, conceden un número limitado de visados, mientras que son muy numerosos los periodistas que lo han solicitado. Los periodistas extranjeros no pueden trabajar ni circular libremente en Irak Igualmente, durante las últimas semanas, varios de ellos fueron expulsados del país. Acusado de espionaje en favor de Israel, el periodista canadiense Scott Taylor, corresponsal del canal del periódico canadiense Sun y director de la redacción de la revista militar Esprit de corps, fue expulsado de Irak el 9 de marzo de 2003. Una periodista del diario español La Razón, Teresa Bo, también se vio obligada a abandonar el país, el 12 de marzo de 2003. Las autoridades iraquíes le acusaron de no emplear los términos "apropiados" para hablar del gobierno iraquí. Finalmente, a David Filipov, reportero del periódico Boston Globe, le acusaron de haber utilizado su teléfono por satélite, en la habitación del hotel, y le expulsaron a Jordania, el 13 de marzo de 2003. Titulado "Los medios de comunicación iraquíes : 25 años de represión sin fallos", el informe de Reporteros sin Fronteras está disponible en www.rsf.org.