Reporteros sin Fronteras está muy preocupada por la multiplicación de atentados al secreto de las fuentes

Reporteros sin Fronteras protesta contra la multa, pronunciada el 18 de agosto por un juez federal por "desacato al magistrado", contra cinco periodistas que se negaron a revelar sus fuentes. La aplicación de la decisión judicial ha quedado en suspenso, porque los periodistas han apelado. "Se trata de la segunda sanción dictada contra periodistas, en menos de quince días, por negarse a revelar sus fuentes", ha manifestado preocupada Reporteros sin Fronteras. "Desgraciadamente, la cuestión del secreto de las fuentes cada vez se está convirtiendo más en una piedra angular entre la prensa y la justicia norteamericana, que tiene que comprender que si no se garantiza a los periodistas el secreto de las fuentes ante los tribunales, nadie que disponga de informaciones sensibles se atreverá ya a publicarlas. El que se encuentra gravemente afectado por esta decisión es el papel de contra-poder que tiene que jugar la prensa", ha declarado la organización, que espera que se anule en la apelación. El 18 de agosto de 2004, el juez Thomas Penfield Jackson, del Tribunal Federal de Washington, condenó a cinco periodistas que cubrieron el caso de Wen Ho Lee -un científico acusado de espionaje, al que la justicia declaró inocente- a pagar una multa de 500 dólares al día, durante todo el tiempo que se nieguen a revelar sus fuentes. El juez federal considera que la negativa a cumplir su decisión del 14 de octubre de 2003, por la que les ordenaba revelar sus fuentes al abogado del científico, constituye un "desacato al magistrado". Interrogados por éste último, entre el 18 de diciembre de 2003 y el 8 de enero de 2004, los periodistas facilitaron todas las informaciones que podían dar sin revelar sus fuentes, invocando la primera enmienda de la Constitución, para protegerlas. Los periodistas en cuestión son Jeff Gerth y James Risen, del diario New York Times, Robert Drogin, del diario Los Angeles Times, H. Joseph Hebert, de la agencia Associated Press y Pierre Thomas, que trabajaba para el canal CNN en el momento de los hechos. Esta decisión se produce en el marco de la querella de Wen Ho Lee contra los Ministerios ("Departamentos") de Justicia y Energía, a los que acusa de facilitar a la prensa informaciones sobre él, señalándole como sospechoso de espionaje. En los considerandos del 14 de octubre, el magistrado estimaba que Wen Ho Lee tenía derecho a saber quién, en esas administraciones, fue el causante de las fugas que llevaron a que los medios de comunicación le implicaran. Otros casos en curso
El pasado 6 de agosto, el juez federal Thomas F. Hogan ordenó el encarcelamiento de Mathhew Cooper, del semanario Time, por "desacato al tribunal". El periodista se negó a responder a la citación de una sala especial, encargada de investigar sobre origen de la revelación de la identidad de la agente de la CIA Valerie Plame. Time, que apoya a su empleado, fue condenado a pagar 1.000 dólares (820 euros) de multa al día, durante todo el tiempo que el periodista mantuviera su negativa. Matthew Cooper y la revista apelaron, por lo que las sentencias quedaron inmediatamente en suspenso. El 16 de marzo de 2004, Jim Taricani, del canal WJAR-TV 10, fue condenado a una multa de 1.000 dólares diarios, durante todo el tiempo que persistiera en su negativa a revelar sus fuentes. El tribunal quería conocer la identidad de la persona que le facilitó un vídeo realizado en el marco de una investigación secreta de la Oficina Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigation, FBI). El vídeo, que se difundió el 1 de febrero de 2001, mostraba a un ex alto funcionario de la alcaldía de Providence aceptando el soborno de un informador del FBI. El alcalde de Providence, Vincent "Buddy" Cianci Jr., fue condenado después a cinco años de cárcel, por corrupción. Encarcelada durante 168 días
Entre julio de 2001 y enero de 2003, Vanesa Leggett, predista free-lance, estuvo detenida por "desacato al tribunal". Se había negado a revelar a un tribunal de Texas el contenido de una entrevista con el principal sospechoso de un crimen. Su puesta en libertad se produjo cuando expiró el mandato del tribunal que la sancionó por "desacato". La periodista había presentado un recurso ante el Tribunal Supremo, por violación de las enmiendas 1 y 5 de la Constitución, relativas a la libertad de expresión y al derecho a prestar testimonio, pero su recurso fue rechazado el 15 de abril de 2002.