Reporteros sin Fronteras denuncia la prohibición de difundir el semanario en lengua árabe Nichane, y pide la retirada de la denuncia presentada contra el director de publicación del periódico y una periodista.
Reporteros sin Fronteras condena firmemente, y sin ninguna reserva, la prohibición que afecta a Nichane, y las acciones judiciales emprendidas contra el semanario. Adoptando esa doble iniciativa, las autoridades marroquíes recuerdan, a quien lo hubiera olvidado, que allí continúa vigente todo el arsenal jurídico y administrativo que limita la libertad de expresión de los periodistas marroquíes. A pesar de las promesas y los compromisos adquiridos por Rabat en los últimos meses siguen existiendo las “líneas rojas”, que condicionan cualquier trabajo periodístico. La sacralización del Rey, el Islam como religión de Estado, el Sahara occidental, el ejército o las buenas costumbres son otras tantas “prohibiciones”, reafirmadas tanto en el código de la prensa de 2002 como en la Ley Antiterrorista, o en el proyecto de ley sobre los sondeos de opinión. Y todo ello en unos términos tan vagos que permiten una interpretación extensiva. Unas “prohibiciones que, por otra parte, se recogen en la carta deontológico adoptada recientemente por la Federación de Editores de Prensa.
Reporteros sin Fronteras denuncia estas medidas que ponen de manifiesto un cálculo electoral en vísperas de algunas fechas que podrían estar marcadas por un fuerte impulso del movimiento islamista. La organización teme que, lejos de calmar a los más extremistas, estas medidas expongan peligrosamente a los periodistas de Nichane. Pide solemnemente a las autoridades marroquíes que reconsideren la prohibición de difusión del semanario, y a la fiscalía que retire su denuncia por “atentado a la religión islámica” y “publicación y distribución de escritos contrarios a la moral y a las costumbres”. Y reafirma su solidaridad con el periódico, y con los periodistas afectados por las acciones judiciales y por la prohibición.
Reporteros sin Fronteras recuerda que ya en el pasado se puso en marcha, para golpear a publicaciones y periodistas, todo el arsenal jurídico utilizado ahora. Así, Alí Lmrabet fue condenado en 2005 a diez años de prohibición profesional por “difamación”, tras haber asegurado que los saharauis que viven en los campos de Tinduf son “refugiados”, según la terminología utilizada por Naciones Unidas.
Nichane publicó en su número del 9 al 15 de este mes de diciembre un dossier titulado “ Cuentos: como los marroquíes se ríen de la religión, del sexo y de la política”. El 20 de diciembre de 2006, el gobierno marroquí decidió prohibir la difusión de la revista arabófona por “atentado al Islam”. El fiscal real en el Tribunal de Gran Instancia de Casablanca ordenó a la policía judicial que abriera una investigación sobre el artículo. La fiscalía decidió denunciar a Driss Ksikes, director de publicación de Nichane, y a la periodista Sanaa Al Aji por “atentado la religión islámica” y “publicación y distribución de escritos contrarios a la moral y a las costumbres”.