Prisión para un representante de una radio comunitaria; asesinan a otro periodista, el octavo en lo que va del año

Representante de Radio Tierra y Libertad en Monterrey, estado de Nuevo León, Héctor Camero fue notificado el 3 de noviembre de 2010 de su sentencia a una pena de dos años de prisión y a una multa de 15 mil pesos (unos 900 euros) por el delito “de uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico sin autorización previa”. Esta condena constituye otro duro golpe a las radios comunitarias mexicanas después del desmantelamiento de Radio Proletaria en el estado de Chiapas, el 12 de octubre pasado. Desde todos los ángulos esta decisión es absurda y peligrosa. ¿Por qué condenar a Héctor Camero por ese motivo si en 2009, tras siete años de espera, se otorgó legalmente una licencia de difusión a Radio Tierra y Libertad? El proceso penal contra Héctor Camero comenzó en 2008, tras un operativo para cerrar la estación. El 6 de junio de 2008 la Policía Federal Preventiva movilizó no menos de 120 elementos para desmantelar sus oficinas y confiscar el equipo de transmisión. Durante el proceso, a cargo del Ministerio Público, Héctor Camero pasó súbitamente de la posición de testigo a la de acusado. El Juez en Materia Penal del Estado de Nuevo León se apoyó en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales para emitir la sentencia contra el periodista, sin considerar el artículo 6 de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión, ni las reglas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relativas al pluralismo y a los medios de comunicación minoritarios. Si la pena se hiciera efectiva, Héctor Camero sería el segundo periodista encarcelado en México, después de Jesús Lemus Barajas, director del periódico El Tiempo, del estado de Michoacán, encarcelado desde el 15 de mayo de 2008, tras efectuarse un proceso dudoso por “narcotráfico”. Aún esperamos conocer el seguimiento de este proceso. Solicitamos que el periodista es objeto sea liberado en la ausencia de pruebas serias contra él y en vista de las numerosas irregularidades de la investigación. Mecanismos de protección La sentencia de Héctor Camero tuvo lugar el mismo día de la firma, bajo el auspicio del Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, del Convenio para la instrumentación del “Mecanismo para la Protección de Periodistas”. Este documento, en esencia gubernamental y que también fue firmado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), responde a la intención del presidente Felipe Calderón de reforzar la protección de los periodistas amenazados y de la federalización de los ataques y crímenes cometidos contra la prensa. Este convenio será próximamente objeto de un estudio de aplicación por parte de un comité de evaluación de riesgos, que reúne a las administraciones concernientes y a tres representantes de la profesión. Tomando en cuenta la voluntad política mencionada, Reporteros sin Fronteras realiza las siguientes observaciones: - La condena de Héctor Camero, así como el desmantelamiento de Radio Proletaria y la criminalización de otras radios comunitarias, contradicen completamente la intención de garantizar la seguridad profesional a los periodistas en general. No podemos a la vez obstaculizar la libertad de expresión y querer proteger a los profesionales de los medios de comunicación. - La seguridad de los medios de comunicación no puede ser garantizada sin una verdadera lucha contra la impunidad en los crímenes cometidos contra los periodistas, en los que en ocasiones están implicadas las autoridades federales o estatales. Sin una verdadera reforma de las instituciones y de los medios empleados en estas investigaciones, ¿cómo es posible que exista una veracidad judicial? Desde el año 2000, 69 periodistas han perdido la vida y, desde 2003, once se encuentran desaparecidos. Doce profesionales de los medios de comunicación han sido asesinados desde el inicio del año 2010, en ocho de los casos es probable o está comprobado el nexo con la profesión. La víctima más reciente se llama Carlos Alberto Guajardo Romero, del periódico El Expreso de Matamoros, en el estado de Tamaulipas. El periodista, de 37 años de edad, encontró la muerte cuando cubría un enfrentamiento a tiros de las fuerzas armadas, los miembros del Cartel del Golfo y los miembros de la banda los Zetas - El comité de evaluación de riesgos, como futura entidad encargada de la aplicación de los nuevos “mecanismos”, debe ampliar la participación a los diferentes sectores del periodismo, así como a las organizaciones mexicanas e internacionales de defensa de la libertad de expresión. Reporteros sin Fronteras desea contribuir con todo lo que esté de su parte. - La federalización de los ataques y crímenes contra la prensa ha sido una idea reiterada desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón. No será viable, insistimos, hasta que verdaderos medios de investigación y de control de la acción del Estado se empleen en la lucha contra la impunidad. La Fiscalía Especial, puesta en marcha en febrero de 2006 con este objetivo, no ha producido hasta el momento ningún resultado alentador.