Dado que el 90% de los medios nacionales están controlados por el poder, la opinión pública ha virado, durante los últimos cinco años, hacia medios críticos o independientes de distinta orientación política, como Fox TV, Halk TV, Tele1, o Sözcü, pero también hacia webs de información locales o internacionales (BBC Turkish, VOA Turkish, Deutsche Welle Turkish, etc.) para informarse sobre el impacto de la crisis económica y política en el país.

El periodo previo a las elecciones de 2023, en las que Recep Tayyip Erdogan se hizo de nuevo con la victoria, estuvo marcado por la detención de decenas de periodistas kurdos.

Sin embargo, ni la censura casi sistemática de Internet, ni la persecución de medios críticos, ni la instrumentalización de la justicia han permitido, hasta la fecha, que el “hiperpresidente” -inmerso en un gran caso de corrupción y clientelismo político- recupere sus cuotas de popularidad.

Las prácticas discriminatorias contra los periodistas y medios críticos, como la privación de la acreditación de prensa, están a la orden del día. Los jueces, serviles con el poder, intentan limitar el debate democrático censurando los artículos en Internet, especialmente aquellos que tratan asuntos de corrupción. En este difícil contexto, una parte de la profesión intenta ser fiel a su misión de informar de forma absolutamente independiente y reclama la figura de un “mediador de los medios” (ombudsman). La nueva legislación sobre "desinformación" constituye un instrumento más del arsenal represivo del gobierno.

El gobierno y las compañías privadas próximas al poder favorecen a los medios que les son afines con anuncios publicitarios y subvenciones, lo que amenaza el pluralismo mediático. El consejo encargado de la publicidad institucional (BIK) ejerce presiones financieras sobre los diarios menos dóciles, mientras que el Alto Consejo del Audiovisual (RTÜK) contribuye a debilitar a las cadenas críticas imponiéndoles multas astronómicas. Algunos diarios han tenido que reducir su número de páginas debido al precio del papel.

Los periodistas que cuestionan a personalidades del ámbito religioso se enfrentan, en ocasiones, a juicios por “insultos”. Los temas relativos a la violencia de género u otras formas de abusos, especialmente cuando los abordan mujeres periodistas, pueden desencadenar campañas de odio en las redes sociales.

Los miembros y dirigentes del partido ultranacionalista MHP, aliado del AKP del presidente Erdogan, no dudan en amenazar a los periodistas que se atreven a sacar a la luz asuntos molestos. Las indulgentes sentencias y los interminables procesos contra estos grupos nacionalistas en los casos de violencia durante las elecciones de 2019 confirman la cultura de la impunidad en el país. Los periodistas que se atreven a cubrir los ataques contra el laicismo, el impacto de los grupos religiosos (Tarikat) o de las organizaciones yihadistas de la región están cada vez más expuestos a las amenazas.