La práctica totalidad del espacio mediático del país está bajo el control de las autoridades, mientras que las cadenas de televisión públicas son los medios más populares. Ningún canal de televisión o emisora de radio independiente emite desde territorio azerbayano, y todos los diarios en papel críticos con el gobierno han sido cerrados. La mayoría de webs informativas independientes, como Azadliq o Meydan TV, censuradas por el Estado, trabajan desde el extranjero.

Las autoridades intentan acallar a los medios independientes que quedan y a los periodistas que rechazan la autocensura, restringiendo su acceso a la información, mediante el rechazo de los organismos oficiales a responderles. Hasta la ofensiva de las fuerzas azerbaiyanas y la rendición de las autoproclamadas autoridades del enclave de Nagorno Karabaj en septiembre de 2023, las tensiones con Armenia fueron un pretexto adicional para la censura. Los responsables de los organismos reguladores de los medios, al igual que los de la Federación de Periodistas, son nombrados por el poder político, mientras que las autoridades utilizan a los medios progubernamentales para amenazar a las voces críticas con publicar informaciones personales comprometedoras.    

La legislación sobre los medios se ha vuelto cada vez más represiva, a lo largo de los últimos 20 años. La “Ley de Medios”, que entró en vigor en febrero de 2022, legaliza la censura. Varias leyes que regulan el sector contradicen los compromisos internacionales del país en materia de libertad de prensa y libertad de expresión. Por otro lado, se castiga duramente cualquier crítica al gobierno por parte de usuarios de redes sociales como Facebook o YouTube.  

Desde 2014, la colaboración con donantes internacionales está prohibida. Al controlar el gobierno el sector de la publicidad, ningún medio medio independiente puede prosperar en el país. Los medios progubernamentales sí reciben gratificaciones en especie y subvenciones estatales. Las autoridades tampoco dudan en ofrecer sobornos, como  apartamentos u otros bienes materiales, a los periodistas afines a ellas. 

Diversos tabúes, en particular los religiosos, son un obstáculo para los periodistas. Fuera de Bakú, la capital, la mayoría de las mujeres que trabajan en un medio se enfrentan a obstáculos, mientras que los medios se ven sometidos regularmente a las presiones de grupos criminales para impedir la publicación de informaciones que les atañen. Éstos pueden llegar a pagar a determinados medios para mejorar su imagen. Además, individuos que nada tienen que ver con el periodismo, y a veces controlados por las autoridades, utilizan sitios web presentados como medios de comunicación para dedicarse a actividades de extorsión.

En caso de resistirse a las presiones e intentos de chantaje o corrupción, los periodistas son encarcelados con pretextos absurdos. Ningún funcionario o policía ha sido sancionado desde hace 20 años por haber pegado o insultado a un periodista. Al estar normalmente vigilados por las fuerzas del orden, los reporteros no pueden garantizar la protección de sus fuentes. En un intento de doblegar a los que plantan cara desde el exilio, el régimen de Bakú ataca a sus familiares y amigos que se han quedado en el país, e incluso los amenaza directamente en el lugar en el que están exiliados.