Ocho meses después del asesinato de Mauro Marcano, la investigación se encuentra bloqueada

Reporteros sin Fronteras está preocupada por la inercia con que se efectúa la investigación sobre el asesinato de Mauro Marcano, periodista y edil municipal, abatido el 1 de septiembre de 2004 en Maturín (Estado de Monagas, Noreste). "En ese caso de asesinato, en el podrían estar implicados altos responsables policiales y militares, de los que Mauro Marcano reveló su relación con el narcotráfico, reina un clima de impunidad. En este contexto, resulta poco creíble la hipótesis de que fuera un acto aislado. ¿Cómo explicar entonces que la justicia no haya ordenado ninguna comparecencia? Hacemos un llamamiento a las autoridades encargadas del caso para que rápidamente reanuden la investigación, que hoy se encuentra en punto muerto", ha declarado Reporteros sin Fronteras. Presentador de un programa en la emisora local Radio Maturín 1.080 AM y cronista del diario local El Oriental, a Mauro Marcano le mataron con arma de fuego dos desconocidos cuando, el 1 de septiembre de 2004, salía de su domicilio de Maturín. En su última crónica, publicada la víspera, denunciaba la sospechosa desaparición de varios kilos de cocaína, después de ser incautada por la policía local. Según la familia de la víctima, que se manifestó públicamente el 26 de abril de 2005, Mauro Marcano se sentía amenazado poco antes de su muerte. Acababa de realizar una investigación sobre las actividades de un cartel de origen colombiano, que controla el tráfico de droga en la costa atlántica de Venezuela. También denunció la connivencia de algunos oficiales de la policía y el ejército venezolano con esa organización. Según sus allegados, Mauro Marcano fue recibido por el vicepresidente José Vicente Rangel, también ex periodista, dos semanas antes del asesinato. Le habría confiado su temor a que le mataran y le habría señalado a los mandos que, según él, son cómplices del cartel : el general Alexis Maneiro Gómez, comandante del Comando Regional 7 de la Guardia Nacional; el coronel Juan Fabricio Tirry, jefe de misión en el Ministerio de Defensa, y José Manuel del Moral, ex director de la policía del Estado de Monagas. Siempre según el entorno del periodista, a ninguno de los tres se les ha citado después, en el marco de la instrucción. "El fiscal Alejandro Castillo no ha tomado ninguna iniciativa, en los últimos cuatro meses", aseguró Niurka Marcano, hermana del periodista asesinado, citada por el diario del 27 de abril de 2005. Tan solo han detenido a un sospechoso, un individuo apodado Freddy Caracas, pero le asesinaron en la cárcel, en diciembre de 2004. A otro sospechoso, Tony Canavez, varias veces detenido por tráfico de droga, no les han molestado "porque es un socio del gobernador de Monagas", según Niurka Marcano. Un portavoz del Tribunal Supremo de Justicia, contactado por Reporteros sin Fronteras, no ha desmentido las afirmaciones efectuadas por el entorno del periodista. "La familia debe presentar un recurso en el tribunal, para que se reanude la investigación. Es cierto que hay bloqueos", se admite en la más alta jurisdicción venezolana, donde inmediatamente se insiste en la "reestructuración del sistema judicial, que está en curso". En efecto, el presidente de la Comisión Judicial, Luis Velásquez Alvaray, anunció el 2 de mayo la suspensión de 16 jueces del Estado de Lara (Noroeste), sospechosos de connivencia con el narcotráfico, o de haber dejado en libertad a narcotraficantes. La reestructuración podría afectar pronto a otros Estados.