Reporteros sin Fronteras lamenta la decisión del Tribunal Supremo que, el 27 de noviembre de 2006, se negó a suspender la aplicación de una sentencia de la justicia federal, que obliga a dos periodistas del New York Times a entregar sus facturas telefónicas. Esta decisión significa otro revés más para el secreto de las fuentes.
Reporteros sin Fronteras lamenta enormemente la decisión del Tribunal Supremo que, el 27 de noviembre de 2006, se negó a suspender la aplicación de una decisión de la justicia federal, que obliga al New York Times a entregar las facturas telefónicas de dos de sus periodistas. La organización reitera su llamamiento al Congreso para que se vote una ley (“federal shield law”), que proteja el secreto de las fuentes.
“La sentencia del Tribunal Supremo representa otro revés más para el secreto de las fuentes. La justicia, y la administración federal, pueden seguir esgrimiendo el argumento de la seguridad nacional para forzar a los periodistas a entregar sus facturas telefónicas; no vemos de qué manera el secreto profesional podría amenazar a la seguridad interior del país. Es una decisión injusta y peligrosa, y no nos hacemos ninguna ilusión acerca del recurso que, sobre el fondo del asunto, el New York Times piensa presentar ante el Tribunal Supremo. Por eso, es imperativo que el Congreso, salido de las urnas el 7 de noviembre, introduzca en su agenda la votación de una ley que proteja el secreto de las fuentes a nivel federal”, ha declarado Reporteros sin Fronteras.
Poco después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Judith Miller y Philip Shenon, del New York Times, investigaron sobre dos asociaciones caritativas musulmanas, de las que el FBI sospechaba que estaban relacionadas con el terrorismo. En aquel momento, los periodistas supieron, por fuentes confidenciales, que el gobierno tenía intención de congelar los haberes de dichas asociaciones, y contactaron con ellas para conocer su reacción. Inmediatamente, el Ministerio de Justicia intentó averiguar el origen de la fuga.
El 24 de febrero de 2005, el juez neoyorkino Robert W. Sweet, apoyándose en la legislación del Estado de Nueva York y en la Primera Enmienda de la Constitución, hizo que los dos periodistas ganaran el pleito. El fiscal Patrick Fitzgerald elevó el caso al nivel federal , un año más tarde.
El 1 de agosto de 2006, el tribunal federal de apelación de Manhattan estimó que la Primera Enmienda no garantiza a los periodistas la protección de las fuentes y ordenó que el New York Times entregara a un gran jurado, encargado de investigar las fugas en la investigación de las asociaciones musulmanas, las facturas telefónicas de Judith Miller y Philip Shenon. Entonces el diario recurrió al Tribunal Supremo, para que suspendiera la aplicación de esa decisión. El 27 de noviembre, el Tribunal Supremo respondió negativamente.
Judith Miller, condenada por negarse a facilitar sus fuentes en otro caso, cumplió doce semanas de cárcel, entre el 6 de julio y el 29 de septiembre de 2005. Después se marchó del New York Times.