Reporteros sin Fronteras pide que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lleve a cabo una investigación sobre el nuevo escándalo de escuchas telefónicas a periodistas, magistrados y personalidades políticas de la oposición, revelado por la revista Semana en su edición del 21 de febrero de 2009. La organización estima que el hecho de que el presidente Alvaro Uribe negó tener que ver con el asunto, y la anunciada “purga” en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, servicios de inteligencia), no pueden servir de excusa para eludir la cuestión del objetivo y uso de dichas grabaciones.
“No es el primer escándalo de este tipo y, una vez más, constatamos que algunos de los periodistas mencionados en este caso son conocidos por sus críticas del gobierno, a veces estigmatizados por el propio Presidente y con frecuencia víctimas de amenazas. El escándalo es aun mayor porque el contenido de algunas de las escuchas se habría puesto en conocimiento de paramilitares, narcotraficantes e incluso guerrilleros. Se trata de unas prácticas que ponen en peligro a los periodistas y a sus fuentes. Ahora se plantea la siguiente cuestión : o la propia presidencia de la República ordenó las escuchas al DAS, que depende directamente de ella, o el DAS ha escapado de su control, lo que no puede ser una excusa. En ambas hipótesis está plenamente justificada una investigación interamericana, dado que la parcialidad de las autoridades colombianas resulta evidente”, ha declarado Reporteros sin Fronteras.
El 5 de noviembre de 2008, Felix de Bedout, de la emisora privada W Radio, envió un correo electrónico a un colega de la revista Semana, acusando a Fernando Tabares, jefe de Inteligencia del DAS, y a su homólogo de la Contrainteligencia, Fernando Lagos, en ciertas prácticas irregulares. Dos horas más tarde, unos funcionarios de la Contrainteligencia telefonearon por error a la redacción de Semana, para contar detalladamente el contenido del cruce de emails entre los dos periodistas. Según Semana, que cita a un funcionario del DAS, entre los días 19 y 21 de enero se reunieron, y en parte destruyeron, en los locales de la Contrainteligencia una serie de documentos y grabaciones relativos a periodistas, personalidades políticas de la oposición, magistrados (incluidos los de la Corte Suprema) y algunos funcionarios de la administración Uribe.
Según el semanario, entre las personas espiadas se encuentran seis periodistas: Alejandro Santos, director de Semana; Julio Sánchez Cristo, director de W Radio; Félix de Bedout, Darío Arizmendi, director de la emisora privada Radio Caracol; Ramiro Bejarano, editorialista del diario El Espectador y Daniel Coronell, director de información de la cadena pública Canal Uno, al que es notorio que detesta el presidente Alvaro Uribe. Según las informaciones conseguidas por Reporteros sin Fronteras, otros periodistas fueron también objeto de escuchas salvajes, y entre ellos Hollman Morris, director del programa informativo “Contravía” en Canal Uno, también en el punto de mira de la Casa de Nariño. El director del DAS, Felipe Muñoz, que asumió el cargo al día siguiente de la destrucción parcial de las grabaciones, confirmó parte la información publicada en Semana. Se abrió una investigación judicial y renunciaron de sus cargos los funcionarios del DAS Fernando Tabares y Jorge Lagos.
Desmintiendo cualquier implicación en el asunto y manifestándose él mismo “víctima de esta infamia” en las ondas de la radio privada RCN, el Jefe del Estado ordenó el 26 de febrero la suspensión de las escuchas telefónicas del DAS, y anunció que iba a confiar su gestión a la policía.
En mayo de 2005, un escándalo de infiltración del DAS por los paramilitares provocó la dimisión del director de entonces, Jorge Noguera, que ahora se encuentra encarcelado. En octubre de 2008, su sucesora, María del Pilar Hurtado, dimitió también después de que se demostrara que al senador Gustavo Pedro, del Polo Democrático (oposición de izquierda), volvían a escucharle. En el intervalo, en mayo de 2007, el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, reconoció públicamente que la
Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol) había efectuado escuchas de personalidades de la oposición y periodistas, después de que la revista Semana revelara el asunto.