Nuevas agresiones de periodistas

Reporteros sin Fronteras ha pedido que se abran investigaciones sobre las agresiones sufridas por una quincena de periodista durante los incidentes ocurridos entre partidarios del poder y opositores, frente al edificio del Tribunal Supremo de Justicia.

El 2 de agosto, Elianta Quintero, José Tarache y Juan Méndez, de Venevisión, Noé Pernía, César Sánchez y Wilmer Villasmil, del canal RCTV, Paulo Pérez Zambrano, fotógrafo del diario El Universal, Andry Lara, fotógrafo del diario La Voz de Guarenas y Alejandro Delgado Cisneros, fotógrafo del diario El Nacional, fueron amenazados por partidarios del presidente Hugo Chávez que bloqueaban la avenida Sucre de Catia y las calles del barrio popular "23 de Enero", en Caracas, y mientras la policía intentaba dispersar al gentío. Por otra parte, un equipo del canal Televen, integrado por el periodista Johann Merchán, el camarógrafo Orlando Chong y el asistente Johnny Verdú, fue perseguidos por simpatizantes del gobierno y tuvo que esconderse. Finalmente tuvieron que disfrazarse para poder eludir el cerco. Posteriormente, mientras cubrían los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, un agente de la policía municipal les arrebató la cámara y confiscó sus películas. El 4 de agosto, durante la transmisión televisiva semanal "Aló Presidente", el presidente Hugo Chávez atacó nuevamente a los periodistas, calificándoles de "embusteros". Acusó a la prensa de destacar solamente lo malo del país. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05.08.2002 - Reporteros sin Fronteras pide que se abran investigaciones tras la agresión de varios periodistas
Reporteros sin Fronteras ha expresado su preocupación tras la agresión de varios periodistas, ocurrida durante unos incidentes entre partidarios del poder y opositores, frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas, los días 30 y 31 de julio y 1 de agosto de 2002. En una carta dirigida a Diosdado Cabello, Ministro del Interior y de Justicia, la organización ha pedido que se abran investigaciones para que se aclare todo sobre estas agresiones. "Estos acontecimientos demuestran que la situación de la prensa en Venezuela sigue siendo muy difícil, a pesar del inicio del dialogo entre el gobierno y la oposición", ha declarado Robert Ménard, secretario general de la Reporteros sin Fronteras. "Es imperativo que sean identificados y juzgados los responsables", añadió, recordando que algunos partidarios del presidente Hugo Chávez están implicados en estos nuevos incidentes. Por otra parte, Reporteros sin fronteras ha pedido al gobierno que garantice la protección de los periodistas, de acuerdo con las directivas de la Organización de los Estados americanos (OEA). Según informaciones recogidas por Reporteros sin Fronteras, Ray Avilés, del programa "24 horas", emitido por el canal de televisión Venevisión, fue amenazado por unos supuestos partidarios del presidente Chávez, el 30 de julio de 2002. El mismo día, fue atacada con lanzamientos de huevos y objetos, Yadiris Adrián, periodista radiofónica. El 31 de julio fue agredido Gabriel Osorio, fotógrafo del semanario Primicia. Unos presuntos partidarios del poder, le golpearon causándole lesiones en la mano izquierda, y le robaron su equipo, acusándole de ser un agente de la CIA. Por otra parte, alrededor de la dos de la tarde, una granada lacrimógena fue lanzada contra la sede de la cadena Globovisión. Ya el pasado 9 de julio fue lanzada una granada contra los locales de la cadena. El 1 de agosto, Paulo Perez Zambrano, fotógrafo del diario El Universal, así como varios otros fotógrafos y camarografos también fueron agredidos por partidarios chavistas, según contó la agencia Associated Press. Por otra parte, según el diario El Universal, un agente de policía se incautó de la camera y de tres películas del fotógrafo Alejandro Delgado Cisneros. Durante los enfrentamientos, resultaron dañados algunos vehículos de los canales Venevisión, RCTV y Globovisión. Estos incidentes se produjeron mientras algunos partidarios del poder y de la oposición se manifestaban frente el Tribunal Supremo de Justicia, cuyos miembros estudian, desde el 30 de julio, la posibilidad de procesar por rebelión a los ex oficiales implicados en el golpe de Estado del 11 de abril 2002. El 1 de agosto, los miembros del tribunal anunciaron que no se debía procesar a los cuatro militares implicados, lo que provocó las iras de los partidarios del gobierno. El 29 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) prorrogó, por un plazo de seis meses, las medidas cautelares adoptadas, el 30 de enero de 2002, a favor de los canales Venevisión y RCTV. La Comisión pidió a las autoridades venezolanas que garanticen la seguridad de los periodistas y que se lleven a cabo, de manera exhaustiva, todas las investigaciones relativas a actos de intimidación y de violencia perpetrados contra los profesionales de la información.
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Updated on 20.01.2016