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16 Noviembre 2018

Rumania. La Autoridad de Protección de Datos pretende forzar a los periodistas a revelar sus fuentes

© Puiu Alexandru
Reporteros sin Fronteras pide al a Autoridad de Protección de Datos de Rumanía que deje inmediatamente de utilizar la Regulación General Europea de Protección de Datos para violar la confidencialidad de las fuentes del periodismo de investigación.

En una carta recibida por la Autoridad de Protección de Datos, el 9 de noviembre, la web rumana de investigación RISE Project ha sido advertida de que pude enfrentarse a una multa de 20 millones de euros si no revela los “datos personales” de las fuentes de una seria de artículos de Facebook y otras informaciones relacionadas con estos artículos.


La misiva cita como bases para este requerimiento la Directriz Europea 2016/679, que entró en vigor el 25 de mayo. Los artículos a los que hace referencia la carta se publicaron en RISE Project en el curso de una investigación que se llevó a cabo de manera conjunta con la web búlgara Vibol sobre desvío de 21 millones de euros de fondos europeos.


Este escándalo involucraba a políticos rumanos, incluido el presidente del Partido Social Demócrata, Liviu Dragnea, y la constructora Tel Drum SA, implicada en otro caso. Sobre ese mismo escándalo versaba la última participación de la periodista Viktoria Marinova en el canal TVN antes de su brutal asesinato, el 6 de octubre.


“Condenamos esta utilización equivocada de la ley de protección de datos de la Unión Europea, un mal uso que tiene como objetivo intimidar a periodistas de investigación y violar su derecho a la confidencialidad de las fuentes”, afirma Pauline Adès-Mével, representante de la oficina Unión Europea - Balcanes de Reporteros sin Fronteras.


RSF también manifiesta su sorpresa por la velocidad con que la Autoridad de Protección de Datos rumana ha escrito a RISE Project después de publicar sus artículos en Facebook. Normalmente esta entidad tarda varios meses en responder a las quejas de los ciudadanos rumanos, según el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), que ha consultado a varios abogados especializados. 


La Comisión Europea también ha reaccionado a este uso erróneo de la legislación europea en las palabras de su portavoz Margaritis Schinas, que ha dicho que Rumanía tiene que hacer excepciones para los medios de comunicación. “Es de mayor importancia que las autoridades rumanas incluyan las nuevas obligaciones en la ley nacional e incluyan las excepciones y derogaciones que protejan las fuentes de los periodistas, en particular, de los poderes de la autoridad de protección de datos”, afirma.


Resulta más esencial si cabe que Rumanía cumpla con estas recomendaciones teniendo en cuenta que el próximo 1 de enero tomará posesión de la presidencia rotativa de la Unión.


Cuando Bulgaria y Rumanía ingresaron en la UE en 2007 lo hicieron bajo un mecanismo que permite a la Comisión Europea vigilar sus reformas judiciales y su combate a la corrupción. En el último informe de este mecanismo, publicado  el 13 de noviembre, la Comisión pide de nuevo a Rumanía que “combata la corrupción”, un tema de difícil cobertura para los periodistas de investigación.


Rumanía ocupa el puesto 44 de los 180 países que conforman la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros sin Fronteras.