Elecciones presidenciales en Ecuador: ¿cuál es el futuro de la libertad de expresión?

Desde que llegó al poder, en 2007, el presidente Rafael Correa no ha dejado de controlar la agenda mediática. El mandatario, que no ha dudado en agredir personal y públicamente a los medios de comunicación críticos, ha contribuido a crear un clima nefasto para la libertad de información. La polémica Ley Orgánica de Comunicación (LOC), adoptada en el último mandato de Correa, también acentuó la polarización entre el poder y numerosos medios de comunicación privados.

¿Suprimir o reformar la LOC?

“Democratizar el paisaje mediático” ecuatoriano: el objetivo inicial de la LOC, enunciado cuando se aprobó la ley, en junio de 2013, era muy alentador. De hecho, RSF había celebrado que la ley contemplara la prohibición de toda forma de censura previa por parte de las autoridades, el respeto del secreto profesional de los periodistas y el principio de equidad en la concesión de frecuencias de radio y televisión (distribución equitativa entre los tres tipos de medios de comunicación: públicos, privados y comunitarios).

Sin embargo, a más de tres años de su aprobación, la ley aún no ha cumplido sus objetivos. Peor aún, ha dado lugar a abusos, sanciones arbitrarias y a menudo ha sido usada por los políticos para ejercer presión en las voces críticas que se expresan en el país. Por ello, Reporteros sin Fronteras desea interpelar a la clase política ecuatoriana y exhorta al futuro gobierno a que resuelva los problemas identificados por nuestra organización.

La aplicación arbitraria de la LOC y la falta de neutralidad de la Supercom

La cuestión de la independencia y la neutralidad de la Superintendencia de Comunicación (Supercom) –órgano público encargado de vigilar la aplicación de la LOC– frente al poder ejecutivo ha generado muchas tensiones. El nombramiento de Carlos Ochoa como Superintendente de Información y Comunicación (responsable de la Supercom), en 2013, suscitó preocupación de que existieran problemas de “conflictos de interés”. Antes de su nombramiento, Carlos Ochoa era director de información de GamaTV, un medio de comunicación controlado por el gobierno, que hoy en día es conocido por seguir fielmente la línea editorial oficial.

La LOC no se aplica por igual a todos los medios de comunicación. Las “sabatinas”, mensaje semanal del presidente difundido por televisión, es un ejemplo flagrante de ello. En este programa, que se transmite cada sábado por el canal ECTV –Ecuador TV, la Televisión Pública–, entre otros medios de comunicación que lo transmiten voluntariamente, el presidente comenta, en ocasiones durante varias horas, los temas que le apetecen y a menudo ataca a medios de comunicación y opositores. Este programa escapa a la ley: el artículo 4 del reglamento de la LOC, al considerar que no se puede imponer al presidente de la República las mismas obligaciones que a los medios de comunicación, le permite decir todo lo que desee sin tener que aceptar o tolerar el mínimo comentario o la menor protesta.

En noviembre de 2016 el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, David Kaye, y el Relator Especial para la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, denunciaron públicamente y de manera conjunta la aplicación arbitraria de la LOC y señalaron que ésta “inhibe gravemente la libertad de expresión y de opinión en el Ecuador”. La respuesta fustigante de Carlos Ochoa a estos señalamientos reforzó la desconfianza que existe frente a la Supercom.

Una excesiva judicialización de las relaciones entre el poder y los medios de comunicación

A tres años de que entró en vigor la LOC, se han emprendido 554 procesos contra medios de comunicación; 398 de ellos concluyeron con sanciones. Más de la mitad de estas sanciones fueron multas (55%), 27% amonestaciones escritas y 11% disculpas públicas. En 72% de los casos los procesos fueron emprendidos por las autoridades.

Esta judicialización fue alentada por el mismo presidente de la República. En 2011 el diario El Universo publicó una editorial crítica relativa a un levantamiento de agentes de la policía que el régimen consideraba como un golpe de Estado. Rafael Correa interpuso una demanda por “injuria calumniosa” contra tres directivos y un editor del periódico, en la que exigía una pena privativa de libertad de tres años para los acusados, así como el pago de 80 millones de dólares por daños y perjuicios, un monto absurdo que no fue establecido con base en elementos concretos. Al final, el presidente se dijo dispuesto a perdonar al diario con la condición de que reconociera sus errores y presentara una disculpa pública. Este caso tuvo un efecto disuasivo (chilling effect) en los medios de comunicación, que ahora tienden a censurar o a evitar publicar textos que pudieran ser objeto de procesos judiciales.

Artículos de ley muy ambiguos y abiertos a la interpretación

Reporteros sin Fronteras expresa su preocupación por el margen que dejan a la interpretación ciertos artículos de la LOC. Entre ellos, el artículo 22, que señala que “todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada”, y el artículo 18, que contempla que “la omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés público constituye un acto de censura previa”. ¿Quién determina el valor de una información? ¿Cómo evitar encontrarse a la merced de la subjetividad de un juez o de la Supercom?

En junio de 2014 los diarios La Hora, El Universo, El Comercio y Hoy fueron acusados de no haber difundido en “espacio suficiente y detalladamente” una noticia “de eminente interés público”: una visita privada que Rafael Correa había hecho a Chile. Asimismo, en mayo de 2015 la Supercom impuso a La Hora una multa de 3.540 dólares por no haber publicado nada sobre una reunión organizada por el alcalde de Loja (sur del país). Una decisión injustificada, que fue considerada como un ataque directo contra la libertad de prensa en el país.

RSF también considera que el artículo 23 de la LOC contiene una cláusula liberticida. Éste estipula que un medio de comunicación debe rectificar toda información que haya sido impugnada o que se haya señalado que carece de precisión. Estas impugnaciones y solicitudes de precisión deberían ser objeto de un análisis y una verificación objetivos antes de que el medio de comunicación se viera obligado a publicar una rectificación. Lo que no sucede actualmente.

Falta de transparencia en la concesión de frecuencias de radiodifusión

En 2013 RSF había celebrado que la LOC previera una distribución equitativa en la concesión de frecuencias de radio y televisión: 33% de las frecuencias para los medios de comunicación públicos, 33% para los privados y 34% para los comunitarios. Desafortunadamente la creación de medios de comunicación comunitarios avanza muy lentamente. En 2014 cerca de 78% de las frecuencias pertenecían a los medios de comunicación privados, 20% a los públicos y sólo 1% a los comunitarios, según cifras de la Secretaría de Comunicación (Secom). RSF comprende que, en un país donde los medios de comunicación comunitarios estuvieron prohibidos años, llevará tiempo llegar al 34% contemplado en la LOC. Sin embargo, pedimos que se acelere el ritmo, más aún considerando que hay frecuencias disponibles en todas las provincias del país.

El proceso de concesión de frecuencias que comenzó en abril de 2016, a cargo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), hace temer una vez más la falta de transparencia. En 2013, mientras que el presidente hablaba de una democratización de los medios de comunicación, un empresario fuera de lo común, el magnate mexicano Remigio Ángel González (conocido como ‘El Fantasma’) –propietario de Albavisión, uno de los principales conglomerados de medios de comunicación de América Latina–, se impuso en el paisaje audiovisual tras la primera fase de selección (en la que se elegía quienes recibirían las frecuencias). A través de 18 empresas diferentes obtuvo 104 de las 1.472 frecuencias disponibles (60 canales de televisión, 43 radios FM y una radio AM), mientras que a medios de comunicación locales críticos frente al gobierno –como Radio Ondas Azuayas, que transmite en las provincias de Canar y Azuay desde hace 68 años– se les negó la renovación de su licencia por motivos que aún no están muy claros.

El Observatorio de Frecuencias, un organismo no oficial, denunció el 20 de enero de 2017 la falta de transparencia en este proceso de concesión de frecuencias y mencionó posibles transacciones financieras ilegales entre miembros de la comisión de atribución y ciertos candidatos a adquirir las licencias. El Observatorio de Frecuencias pidió que se anulara el proceso de selección en curso y que se volviera a organizar uno que fuera equitativo, conforme a los principios iniciales de la LOC. Algunos candidatos a la presidencia también hicieron esta solicitud públicamente.

Derecho a la imagen y ataques en línea

Además de los problemas relacionados directamente con la LOC y su aplicación, Reporteros sin Fronteras sigue preocupada por el tenso clima de trabajo que padece una buena parte de los medios de comunicación privados ecuatorianos.

En los últimos años han surgido ciertas prácticas peligrosas en Ecuador, como el uso abusivo de las leyes de derecho de autor (copyright) estadounidenses, que han acompañado el auge de las redes sociales y de los medios de comunicación en línea en el país y han provocado la suspensión de cuentas, la supresión arbitraria de contenidos en línea y la imposición de multas.

Medios de comunicación de oposición descubrieron a través de las empresas que les ofrecían el servicio de alojamiento web (Cloudfare o Amazon, principalmente) que la Secom había presentado denuncias en su contra por violación al derecho a la imagen del presidente de la República. Fue el caso de 4 Pelagatos, en febrero de 2016, medio al que le reclamaban haber utilizado imágenes de Rafael Correa disponibles en la cuenta pública Flick’r de la Presidencia. De esta manera, las autoridades privatizaron el uso de las imágenes de funcionarios y del presidente, haciendo un uso incorrecto de la Ley de Propiedad Intelectual de Estados Unidos. Una práctica que Reporteros sin Fronteras denuncia firmemente.

Medios de comunicación en línea, como Plan V, Fundación Mil Hojas, Focus Ecuador y La República, denunciaron públicamente en mayo de 2016 que padecieron actos de censura: ataques informáticos de tipo DDoS (ataques de denegación de servicio, Denial of Service), hackeo, etc., que provocaron el cierre temporal y en ciertos casos definitivo, de sus plataformas de difusión. Por el momento, reina la impunidad, pues los autores de estos ataques aún no han sido identificados.

Los periodistas no han sido las únicas víctimas de estos abusos. Desde 2013 muchos ecuatorianos han visto desaparecer de sus cuentas Facebook, YouTube y Twitter contenidos que criticaban o se burlaban de las acciones del gobierno.

Por otra parte, en 2017 ciertos periodistas de investigación y activistas se encuentran en el punto de mira de la justicia de Ecuador por haber revelado casos de corrupción en los que estaban implicados políticos del gobierno y allegados del presidente. Es el caso de Pablo Chambers, Gerard Portillo y Fernando Villavicencio, que enfrentan procesos penales por difamación. El 26 enero de 2017 Villavicencio se vio obligado a pagar 44.000 dólares al presidente por una multa impuesta en un juicio por injurias.

Los medios de comunicación ecuatorianos padecen numerosos males. Algunos de ellos son externos; otros, tienen que ver con la falta de una autorregulación eficaz y de formación continua. El cambio político que se aproxima es una ocasión única para evitar que se sigan cometiendo estos abusos, así como para promover el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación. Para ello, el nuevo gobierno deberá reflexionar sobre la aplicación de la LOC y sus limitaciones. Asimismo, debe dar a la libertad de expresión el lugar que merece para que cumpla su función, vital en toda democracia.

Ecuador ocupa el lugar 109, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2016 publicada por RSF.