El tribunal de primera instancia de Casablanca condenó, el 24 de octubre de 2005, al semanario independiente TelQuel a 10.000 dirhams (915 euros) de multa y 900.000 dirhams (82.300 euros) de daños, causados por “difamación”, a Touria Bouabid, presidenta de una asociación de ayuda a la infancia. Reporteros sin Fronteras denuncia el encarnizamiento judicial que, desde hace algunos meses, se está cebando con el periódico.
Unas 300 personas se reunieron, el 8 de noviembre de 2005 en Casablanca, para manifestar su solidaridad con el semanario independiente marroquí TelQuel. Desde el mes de agosto de 2005, TelQuel ha sido condenado a una serie de a multas acumuladas por un total de 1.960.000 dirhams (180.000 euros).
Entre los participantes en la acción se encontraban asociaciones de barrio y de jóvenes, así como representantes del Comité de la libertad de expresión y la prensa, un organismo de reciente creación que agrupa, entre otros, al Sindicato Nacional de la Prensa Marroquí y miembros de partidos políticos de izquierda, asociaciones de defensa de los derechos humanos, ATTAC Marruecos y el Foro Verdad y Justicia.
Contactado por Reporteros sin Fronteras, Ahmed Benchemsi, director del semanario, ha dicho sentirse emocionado por esta demostración de solidaridad, “señal de que TelQuel inspira confianza a la gente”.
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31.10.2005 “El poder quiere abatir TelQuel”, según el director del semanario
El tribunal de primera instancia de Casablanca condenó, el 24 de octubre de 2005, al semanario independiente TelQuel a 10.000 dirhams (915 euros) de multa y 900.000 dirhams (82.300 euros) de daños, causados por “difamación”, a Touria Bouabid, presidenta de una asociación de ayuda a la infancia. Reporteros sin Fronteras denuncia el encarnizamiento judicial que, desde hace algunos meses, se está cebando con el periódico.
“Estamos indignados con la desproporcionada sentencia dictada contra TelQuel. En tres meses, y por dos asuntos de “difamación”, la justicia marroquí ha condenado al semanario a multas y daños y perjuicios por un total de 1.935.000 dirhams (177.000 euros)”, ha declarado Reporteros sin Fronteras.
“Esperamos que en los juicios de apelación de los casos Assali y Bouabid se revisen ampliamente las sentencias a la baja. Los medios de comunicación marroquíes perseguidos por difamación no deberían verse asfixiados económicamente hasta tal punto”, ha añadido la organización.
En mayo de 2005, TelQuel publicó un recuadro en el que anunciaba que Touria Bouabid, presidenta de una asociación de ayuda a la infancia, había sido citada por la policía para explicarse sobre unos desvíos de fondos, constatados en su asociación. Esa información, que procedía de fuentes policiales, fue reproducida en cuatro periódicos: Al Ahdath Al Maghribiya, Al Ayam, Al Ousbouîya Al Jadida y TelQuel. Posteriormente se comprobó que la información era falsa y los periódicos mencionados publicaron inmediatamente un desmentido.
Sin embargo, la señora Bouabid les denunció y ganó la causa. A TelQuel le condenaron a pagar 900.000 dirhams de daños y perjuicios, y una multa de 10.000 dirhams, mientras que a Al Ousbouîya Al Jadida le condenaban a 30.000 dirhams (2.750 euros), y a Al Ahdath Al Maghribiya y Al Ayam a 100.000 dirhams (9.150 euros).
Según los responsables de TelQuel, “el objetivo no es ni siquiera educar (les) sino directamente abatir (les)”.
Ahmed Reda Benchemsi y Karin Boukhari, respectivamente director de la publicación y jefe de actualidad de TelQuel, ya fueron condenados el 15 de agosto, en primera instancia en Casablanca, a dos meses de cárcel, con la condena en suspenso, 25.000 dirhams (2 250 euros) de multa y un millón de dirhams (90.000 euros) de daños, por difamación de una diputada. En un billete satírico titulado “Secretos de una morena”, Karim Boukhari trazó la evolución de la carrera de una diputada, citándola con el pseudónimo de “Asmaa”, “para evitar que se considerara difamada”. La periodista contaba como esa mujer, que dice ser una “antigua cheika” (bailarina popular), se ha convertido en parlamentaria. A pesar de la utilización del pseudónimo, la diputada Halima Assali se reconoció, e intentó una actuación judicial.