Teniendo en cuenta la elevada tasa de analfabetismo en el país, la radio sigue siendo la principal fuente de información. La radiotelevisión pública (RNM y TVM) está ampliamente dominada por las consignas de la comunicación gubernamental. Las emisoras de radio privadas sólo pueden emitir a través de redes satelitales, y la prensa escrita, mayoritariamente francófona, sigue circunscrita a las zonas urbanas. Los medios privados, muy numerosos en todo tipo de soporte, están politizados y divididos entre los defensores del poder y los próximos a la oposición, lo que limita gravemente el acceso a una información neutral e independiente. 

El Estado controla los medios públicos y tiene el poder de nombrar o cesar a sus principales responsables. El control político de los medios de comunicación está minando el pluralismo y la libertad de los periodistas. Resulta frecuente que ministros, diputados y empresarios cercanos a la política controlen directa o indirectamente los medios. Debido a la dicotomía existente entre los medios pro-régimen y pro-oposición, ninguno de ellos es independiente de la esfera política. 

Desde la despenalización de los delitos de prensa en 2016, es bastante inusual que un periodista acabe en la cárcel por actos relacionados con el ejercicio de sus funciones. Pero la reforma  del Código de la Comunicación en 2020, prevé multas en caso de “difusión de noticias falsas” de “ultraje” y de “difamación”. Este código también otorga la posibilidad de que las autoridades  puedan cerrar medios o suspender programas que puedan alterar el orden público. La nueva Autoridad Nacional de Regulación de la Comunicación en los Medios (ANRCM) debería conceder las licencias, pero esto todavía no es una realidad. La ley sobre el acceso a la información pública lleva 16 años esperando ser votada, y la ley sobre los defensores de los derechos humanos y los informantes, propuesta en 2021, tampoco ha sido aprobada todavía.

La precariedad de la prensa malgache tiene consecuencias desastrosas sobre la calidad de la información en los medios. El nivel de concentración mediática favorece las posiciones dominantes, y el propio presidente de la república dirige un grupo de prensa, al igual que la ministra de Comunicación. La debilidad del mercado publicitario se ha visto exacerbada por la crisis de la Covid-19. Los exiguos salarios abren las puertas a la corrupción, y la práctica del “felaka” (sobres con billetes entregados por los organizadores de un evento a los periodistas que lo cubran) está generalizada. No resulta extraño que algunos periodistas acumulen varios empleos y se encuentren en una situación de conflicto de intereses al trabajar en paralelo para diferentes responsables políticos. Así, la tendencia a la autocensura se debe principalmente a las líneas editoriales impuestas por los políticos propietarios de los medios, y a la prohibición de criticar a los anunciantes.

La corrupción, especialmente en el sector de los recursos naturales o medioambientales, sigue siendo un tema difícil de tratar. Por otro lado, las comunidades religiosas suelen tener sus propios medios de comunicación. 

Los periodistas pueden ser víctimas de acoso verbal público por parte de responsables políticos o de campañas de desprestigio en redes sociales. Aunque las agresiones físicas siguen siendo poco frecuentes, durante las elecciones que llevaron a Andry Rajoelina a la jefatura del Estado en noviembre de 2023, varios periodistas fueron víctimas de ataques. Algunos profesionales de los medios fueron agredidos durante las manifestaciones políticas previas a las elecciones.