La libertad de expresión en Internet y en los nuevos medios de comunicación: esfuerzos en política exterior, fallas en el interior
Organización:
Desde la elección de Barack Obama, el 4 de noviembre de 2008, el gobierno estadounidense ha reiterado en repetidas ocasiones su compromiso con la libertad de expresión en línea. El 21 de enero de 2010, en Washington DC, la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, confirmó claramente el apoyo de Estados Unidos a la libertad de expresión y de opinión en Internet. Haciendo un llamado a las empresas estadounidenses a pronunciarse contra la censura de la Red, Hillary Clinton sostuvo que la Web debía ser una de las piedras angulares de la diplomacia estadounidense. En medio de un clima de degradación general de la libertad de circulación de la información en línea, la Secretaria de Estado recordó que Estados Unidos es la “cuna” de Internet y tiene la “responsabilidad” de preservar esta “herramienta de desarrollo económico y social”. Internet ha permitido crear “nuevos espacios de intercambio de ideas” y “el avance de la democracia”. Asimismo, agregó: “Estados Unidos apoya un sólo Internet, accesible a todos”.
Después, Estados Unidos desarrolló numerosas herramientas que favorecen la libertad de expresión en línea, como “shadow Internet” (o Internet fantasma), sistemas de telefonía móvil paralelos que permiten evadir la censura… El país previó invertir 70 millones de dólares en este tipo de proyectos en 2011.
No obstante, aunque el gobierno estadounidense ha defendido a blogueros iraníes, a activistas chinos y a netciudadanos en la primavera árabe, es autor de iniciativas que perjudican la libertad de expresión y ha mostrado una actitud hostil a actividades en línea. Reporteros sin Fronteras registró varios casos en los que se quebranta el compromiso estadounidense con las libertades fundamentales en la Web.
WikiLeaks, blanco de las autoridades estadounidenses, y las exacciones a la libertad de expresión
WikiLeaks y la libre circulación de información La divulgación de cables suscitó, entre otras cosas, numerosos quebrantamientos a la libertad de expresión en línea en Estados Unidos, impulsadas por el gobierno federal. El 24 de octubre de 2011 WikiLeaks anunció la suspensión de sus publicaciones debido a la falta de medios financieros, después de que Visa y Mastercard se negaran a aceptar las donaciones para WikiLeaks, lo que constituye una forma de censura económica. El 3 de diciembre de 2010 el gobierno estadounidense ordenó a sus diferentes entidades que procuraran que sus empleados no pudieran tener acceso a WikiLeaks desde sus ordenadores de trabajo sin una autorización especial. Medida que fue adoptada por la Biblioteca del Congreso y por el Departamento de Estado unas horas más tarde. Además de censurar WikiLeaks, las fuerzas aéreas estadounidenses (Air Force) también adoptaron medidas para prohibir el acceso a los sitios web de los cinco periódicos que colaboraron directamente con WikiLeaks –The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel y El País– así como a los de una veintena de medios de comunicación o blogs que difundían los cables. También se vuelve a plantear la cuestión de la libre circulación de información sobre WikiLeaks en los blogs. En septiembre de 2011 Peter Van Buren, empleado del Departamento de Estado desde hacía 23 años, fue acusado de haber divulgado información clasificada por publicar en su blog un enlace a un cable de WikiLeaks de 2009 sobre la venta de piezas de repuesto de armas estadounidenses al ejército de Gadafi. Actualmente es investigado por el Departamento de Estado y fue suspendido el 24 de octubre de 2011 en espera de una decisión definitiva. Sus superiores también le reprochan la publicación de su testimonio sobre la guerra de Irak en un libro titulado: "We Meant Well - How I Helped Lose the Battle for Hearts and Minds of the Iraqi People", (“Teníamos buenas intenciones - Cómo ayudé a perder la batalla por los corazones y las mentes del pueblo iraquí”), sin autorización previa del Departamento del Estado. Las intolerables condiciones de detención del netciudadano Bradley Manning
Bradley Manning, soldado del ejército estadounidense sospechoso de filtrar información a WikiLeaks, fue arrestado en junio de 2010. Acusado de “traición” y de “violación del secreto de la Defensa”, corre el riesgo de ser condenado a cadena perpetua. El soldado es sospechoso de haber filtrado los cables diplomáticos publicados a partir de noviembre 2010, así como un video que mostraba un ataque de las fuerzas aéreas estadounidenses sobre Bagdad, durante el que dos empleados de Reuters perdieron la vida en 2007. Tras haber pasado dos meses en una prisión militar en Kuwait, fue trasladado a Quantico, Virginia, donde estuvo ocho meses en el máximo aislamiento carcelario. Desde abril de 2011 el soldado estadounidense se encuentra detenido en Fort Leavenworth, Kansas. Cuando aún se encontraba en Quantico, el periodista David House y el columnista y abogado Glenn Greenwald (Salon.com) denunciaron que sus condiciones de detención eran “crueles” e “inhumanas”. Confinado en aislamiento 23 horas sobre 24, en una celda de 1.80 por 3.60 metros, Bradley Manning habría sido privado de todo contacto con el mundo exterior –tiene prohibido hablar con otras personas detenidas; no tiene ningún acceso a los medios de comunicación ni a la información– y sometido a una vigilancia opresiva –luz encendida incluso en la noche, lo registran desnudo todas las noches, visitas vigiladas–. Su abogado publicó el relato de una jornada habitual de su cliente en su blog. David House señaló un deterioro de la condición física y mental del detenido durante sus visitas. Un informe de Human Rights Watch difundido en marzo de 2010 afirma que el aislamiento es “clínicamente tan penoso como la tortura”. En octubre de 2011 el relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, Juan Méndez, denunció las condiciones de detención “inaceptables” de Bradley Manning, después de que le fuera negada una reunión confidencial con el detenido. Reporteros sin Fronteras escribió a Bradley Manning en septiembre de 2011 para solicitarle un encuentro (las visitas sólo pueden efectuarse a iniciativa del prisionero). La organización aún espera una respuesta. La suerte de Bradley Manning moviliza a los internautas. Se creó un comité de apoyo. En su sitio web es posible hacer un donativo para financiar su defensa; también hay una petición en línea. La página Facebook (que cuenta con más de 29.000 miembros) y la página Twitter, también intentan movilizar la opinión pública sobre la suerte del joven soldado. Persecución de los colaboradores de WikiLeaks
Otro ataque concerniente a la protección de datos personales: el 11 de marzo de 2011 la juez federal de Virginia ordenó a Twitter que proporcionara al gobierno estadounidense los datos personales de internautas sospechosos de trabajar con WikiLeaks. El 4 de enero y el 15 de abril de 2011 el gobierno estadounidense también ordenó por decreto a los proveedores de acceso a Internet Google Inc. y Sonic.net Inc. que le proporcionaran las direcciones IP, así como las direcciones de correo electrónico de todas las personas con las que Jacob Appelbaum, representante de WikiLeaks, estuvo en contacto desde el 1 de noviembre de 2009. Estos procedimientos son posibles por la Electronic Communications Privacy Act (ECPA), ley aprobada en 1986, en una época en la que los datos se almacenaban en el ordenador y no en Internet, y que hoy parece caduca. La ley permite al gobierno obtener información personal de los usuarios (mensajes electrónicos, direcciones IP, geolocalización), sin una orden judicial ni prueba de que se cometió un delito, por simple decreto, a menudo sellado. La ECPA representa un verdadero quebrantamiento de las garantías de confidencialidad de las que todo internauta debe gozar. En este caso el dispositivo, tal como es utilizado contra WikiLeaks y uno de sus representantes, se basa en un procedimiento de excepción, en menosprecio de los derechos fundamentales de los que debe gozar toda persona acusada en una investigación. De los proyectos legislativos liberticidas a los consecuencias mundiales
Liderazgo en el ACTA: una visión estadounidense a escala internacional
En junio de 2006 Estados Unidos inició el proyecto ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, Tratado Comercial Antifalsificación), proponiendo un “acuerdo sobre la propiedad intelectual (...) cuyo objetivo era fijar un marco de referencia ahora para la protección de la propiedad intelectual entre un pequeño número de países (...) a los que los otros países podrán unirse”. Bajo la visión estadounidense, se supone que el ACTA creará normas que otros países, no firmantes, deberán respetar si quieren seguir teniendo relaciones comerciales con los países adheridos al tratado. Algunos puntos de este texto ponen en tela de juicio los compromisos de Estados Unidos en materia de protección de los internautas, de su seguridad y de su identidad. El derecho otorgado a las autoridades competentes de solicitar a los proveedores de acceso a Internet la identidad de sus suscriptores en caso de violación de los derechos de propiedad intelectual, podría conducir a desviaciones securitarias (replanteamiento del anonimato en línea; que se fiche a los disidentes...). De hecho, la obligación de sancionar penalmente la supresión de metadatos y la evasión de DRM (Digital Right Management, gestión de derechos digitales), vuelve ilegales los medios de evasión de la censura o de conservación del anonimato. Estas medidas perjudicarían la libertad de expresión en línea en numerosos países. El 1 de octubre pasado, pese a los reiterados llamados de numerosas organizaciones de defensa de la libertad de expresión, Estados Unidos firmó el ACTA con Australia, Canadá, Corea del Sur, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda y Singapur. Protect IP Act: ¿una represión mundial?
El Protect IP Act, presentado en mayo de 2011 en el Senado por Patrick Leahy, prevé la posibilidad de obtener la orden de un tribunal para que los sitios de Internet considerados ilegales ya no aparezcan en los resultados de los buscadores, incluso si no se están alojados en Estados Unidos (v. texto). Los motores de búsqueda, los procesadores de pago en línea, los anunciantes publicitarios y los servidores DNS (Domain Name System) tampoco podrán colaborar más con estos sitios. Esta nueva medida es particularmente represiva, pues la justicia ya no se conforma con que se suprima un contenido ilegal en específico, sino que quiere hacer desaparecer un sitio entero. Entrevistado por Reporteros sin Fronteras, James Losey, de la New America Foundation, señaló que al legalizar el filtraje de DNS, el Protect IP Act podría alentar a otros países a seguir este ejemplo. También recordó la ineficacia del procedimiento, pues bloquear el dominio de un sitio web no bloquea al sitio en sí mismo. Stop Online Piracy Act
El 26 de octubre de 2011 Lamar Smith también propuso ante la Cámara de Diputados el “Stop Online Piracy Act” (H.R. 3261 o E-PARASTE Act.). En la misma línea que el Protect IP Act, este texto que protege el derecho de autor permite a los derechohabientes exigir que se retire un contenido publicado en línea sin pasar por un juez, si se considera que existe una violación del derecho de propiedad intelectual. Si el sitio replica por esta medida, el derechohabiente podrá entonces recurrir a un juez para ganar su demanda. Este modelo de “notice and take down” (aviso y retiro) ha sido a menudo criticado por Reporteros sin Fronteras. La comisión de leyes de la Cámara de Representantes examinará el texto el 16 de noviembre próximo. Reporteros sin Fronteras pide a Estados Unidos que renuncie a este proyecto, claramente liberticida. La organización denuncia un derrumbamiento de la lógica judicial, ya que el juez interviene tras el retiro del contenido. Esta ley permitiría a actores privados efectuar un filtraje de la Web sin el control de un juez independiente y decidir a qué contenido se puede o no tener acceso. Los derechohabientes podrían convertirse en verdaderos dictadores de Internet. Los sitios web afectados también podrían padecer el bloqueo de sus medios de pago en línea por parte de los servicios bancarios, lo que legalizaría a posteriori el boicot que padeció WikiLeaks por parte de las instituciones bancarias (LIEN). Asimismo, los derechohabientes podrán pedir la anulación de los anuncios publicitarios en las redes sociales y los buscadores. A petición suya, los sitios incriminados ya no podrían aparecer en los resultados de los motores de búsqueda. Finalmente, el texto propone que toda persona que elabore una herramienta de evasión de la censura pueda ser procesada legalmente. Una medida que representa un peligroso precedente para los netciudadanos en el punto de mira de regímenes represivos, quienes no tienen otra opción que utilizar proxies para expresarse. El orden público contra la libertad de expresión
Cortes a la comunicación por teléfono móvil para evitar manifestaciones
En agosto pasado los responsables del metro de San Francisco decidieron cortar la electricidad de las torres de teléfono celular que se encontraban alrededor de cuatro estaciones, durante tres horas, con el fin de impedir toda comunicación por teléfono móvil y evitar así la organización de una “manifestación flash” por la muerte de un pasajero de 45 años de edad, Charles Blair Hill, asesinado con tres balazos por dos agentes de la Policía Privada de la Bay Area Rapid Transit (BART), compañía que controla una gran parte del transporte público de San Francisco. El derecho a la caricatura, cuestionado
En agosto de 2011 un netciudadano que publicó un video satírico de la policía de Renton, en el estado de Washington, bajo el seudónimo de Mr. Fiddlesticks, fue acusado de “ciberacoso”. Los policías habrían buscado su verdadera identidad con el fin de juzgarlo. Correría el riesgo de purgar una pena de prisión. Reporteros sin Fronteras recuerda el derecho esencial a la parodia y al anonimato en línea. Ocupy Wall Street: ¿censura con la colaboración de las empresas?
El sitio ThinkProgress reveló que al parecer Yahoo! censuró los correos electrónicos de sus usuarios que contenían la expresión “Occupy Wall Street” (Ocupe Wall Street). Cuando los internautas intentaban enviar su mensaje, recibían la siguiente notificación: “Su mensaje no fue enviado. Se detectó una actividad sospechosa en su cuenta. Para proteger su cuenta y la de nuestros usuarios, su mensaje no será enviado” (“Your message was not sent. Suspicious activity has been detected on your account. To protect your account and our users, your message has not been sent"). Se sospecha que también algunas redes sociales colaboraron en la censura de estas manifestaciones. Yahoo! afirmó que este bloqueo no fue intencional, que los mensajes fueron filtrados como spam. A Reporteros sin Fronteras le preocupa que la cobertura de los acontecimientos en territorio estadounidense sea bloqueada por una eventual cooperación entre el gobierno y las empresas. Neutralidad de la Red: no hay suficientes garantías
Recientemente la Federal Communications Commission (Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés) adoptó un conjunto de reglas con las que pretendía proteger la neutralidad de la Web. Sin embargo, varios puntos siguen siendo problemáticos: los proveedores de acceso a Internet (FAI) conservan el derecho de aumentar el ancho de banda de algunas empresas que así lo requieran para transmitir contenidos pesados; sigue siendo posible bloquear sitios ilegales y los protocolos peer-to-peer; asimismo, la prohibición de toda discriminación en la transmisión de contenidos sólo concierne a las conexiones fijas, pues se excluye a las móviles. La asociación Free Press presentó una queja por estas medidas. Reporteros sin Fronteras recuerda su oposición, por principio, a todo filtraje, así como la necesidad de que no se haga una discriminación entre particulares y empresas en el acceso a la Red. La organización también pide que los principios de neutralidad de la Web también se apliquen a las conexiones inalámbricas, en especial tras el auge de las tabletas electrónicas. Una reflexión sobre los retos de la informática y de la información
National Strategy for Trusted Identities in Cyberspace (NSTIC, Estrategia Nacional para Identidades Confiables en el Ciberespacio)
En abril de 2011 la Secretaría de Comercio estadounidense dio a conocer su estrategia nacional para garantizar las identidades confiables en el ciberespacio. El gobierno estadounidense propuso que cada internauta pudiera tener un nombre de usuario único y securizado para todas sus actividades en Internet. Sin embargo, el uso de una sola contraseña para las diferentes actividades en la Web pondría en riesgo la seguridad de los datos del usuario en caso de robo de la contraseña, pirateo o cooperación entre la empresa que administra la base de datos y de otros organismos. Una estrategia nacional peligrosa cuando el número de “hacks” de cuentas de correo electrónico o de páginas Facebook aumenta de forma constante. Las ciberguerras: ¿nueva arma del gobierno estadounidense?
La informática y la información se encuentran en el centro de la estrategia estadounidense. Por ejemplo, Estados Unidos habría contemplado lanzar un ciberataque contra los medios de comunicación y los radares del régimen de Gadafi para reducir los riesgos que corrían los aviones de la OTAN durante los bombardeos en Libia. En la actualidad, surgen varios cuestionamientos, entre ellos, si sería legítimo que el presidente estadounidense pudiera emprender un ciberataque sin informarlo previamente al Congreso. En el país se lleva a cabo una verdadera reflexión sobre los retos, fines y usos de estas nuevas herrami
WikiLeaks y la libre circulación de información La divulgación de cables suscitó, entre otras cosas, numerosos quebrantamientos a la libertad de expresión en línea en Estados Unidos, impulsadas por el gobierno federal. El 24 de octubre de 2011 WikiLeaks anunció la suspensión de sus publicaciones debido a la falta de medios financieros, después de que Visa y Mastercard se negaran a aceptar las donaciones para WikiLeaks, lo que constituye una forma de censura económica. El 3 de diciembre de 2010 el gobierno estadounidense ordenó a sus diferentes entidades que procuraran que sus empleados no pudieran tener acceso a WikiLeaks desde sus ordenadores de trabajo sin una autorización especial. Medida que fue adoptada por la Biblioteca del Congreso y por el Departamento de Estado unas horas más tarde. Además de censurar WikiLeaks, las fuerzas aéreas estadounidenses (Air Force) también adoptaron medidas para prohibir el acceso a los sitios web de los cinco periódicos que colaboraron directamente con WikiLeaks –The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel y El País– así como a los de una veintena de medios de comunicación o blogs que difundían los cables. También se vuelve a plantear la cuestión de la libre circulación de información sobre WikiLeaks en los blogs. En septiembre de 2011 Peter Van Buren, empleado del Departamento de Estado desde hacía 23 años, fue acusado de haber divulgado información clasificada por publicar en su blog un enlace a un cable de WikiLeaks de 2009 sobre la venta de piezas de repuesto de armas estadounidenses al ejército de Gadafi. Actualmente es investigado por el Departamento de Estado y fue suspendido el 24 de octubre de 2011 en espera de una decisión definitiva. Sus superiores también le reprochan la publicación de su testimonio sobre la guerra de Irak en un libro titulado: "We Meant Well - How I Helped Lose the Battle for Hearts and Minds of the Iraqi People", (“Teníamos buenas intenciones - Cómo ayudé a perder la batalla por los corazones y las mentes del pueblo iraquí”), sin autorización previa del Departamento del Estado. Las intolerables condiciones de detención del netciudadano Bradley Manning
Bradley Manning, soldado del ejército estadounidense sospechoso de filtrar información a WikiLeaks, fue arrestado en junio de 2010. Acusado de “traición” y de “violación del secreto de la Defensa”, corre el riesgo de ser condenado a cadena perpetua. El soldado es sospechoso de haber filtrado los cables diplomáticos publicados a partir de noviembre 2010, así como un video que mostraba un ataque de las fuerzas aéreas estadounidenses sobre Bagdad, durante el que dos empleados de Reuters perdieron la vida en 2007. Tras haber pasado dos meses en una prisión militar en Kuwait, fue trasladado a Quantico, Virginia, donde estuvo ocho meses en el máximo aislamiento carcelario. Desde abril de 2011 el soldado estadounidense se encuentra detenido en Fort Leavenworth, Kansas. Cuando aún se encontraba en Quantico, el periodista David House y el columnista y abogado Glenn Greenwald (Salon.com) denunciaron que sus condiciones de detención eran “crueles” e “inhumanas”. Confinado en aislamiento 23 horas sobre 24, en una celda de 1.80 por 3.60 metros, Bradley Manning habría sido privado de todo contacto con el mundo exterior –tiene prohibido hablar con otras personas detenidas; no tiene ningún acceso a los medios de comunicación ni a la información– y sometido a una vigilancia opresiva –luz encendida incluso en la noche, lo registran desnudo todas las noches, visitas vigiladas–. Su abogado publicó el relato de una jornada habitual de su cliente en su blog. David House señaló un deterioro de la condición física y mental del detenido durante sus visitas. Un informe de Human Rights Watch difundido en marzo de 2010 afirma que el aislamiento es “clínicamente tan penoso como la tortura”. En octubre de 2011 el relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, Juan Méndez, denunció las condiciones de detención “inaceptables” de Bradley Manning, después de que le fuera negada una reunión confidencial con el detenido. Reporteros sin Fronteras escribió a Bradley Manning en septiembre de 2011 para solicitarle un encuentro (las visitas sólo pueden efectuarse a iniciativa del prisionero). La organización aún espera una respuesta. La suerte de Bradley Manning moviliza a los internautas. Se creó un comité de apoyo. En su sitio web es posible hacer un donativo para financiar su defensa; también hay una petición en línea. La página Facebook (que cuenta con más de 29.000 miembros) y la página Twitter, también intentan movilizar la opinión pública sobre la suerte del joven soldado. Persecución de los colaboradores de WikiLeaks
Otro ataque concerniente a la protección de datos personales: el 11 de marzo de 2011 la juez federal de Virginia ordenó a Twitter que proporcionara al gobierno estadounidense los datos personales de internautas sospechosos de trabajar con WikiLeaks. El 4 de enero y el 15 de abril de 2011 el gobierno estadounidense también ordenó por decreto a los proveedores de acceso a Internet Google Inc. y Sonic.net Inc. que le proporcionaran las direcciones IP, así como las direcciones de correo electrónico de todas las personas con las que Jacob Appelbaum, representante de WikiLeaks, estuvo en contacto desde el 1 de noviembre de 2009. Estos procedimientos son posibles por la Electronic Communications Privacy Act (ECPA), ley aprobada en 1986, en una época en la que los datos se almacenaban en el ordenador y no en Internet, y que hoy parece caduca. La ley permite al gobierno obtener información personal de los usuarios (mensajes electrónicos, direcciones IP, geolocalización), sin una orden judicial ni prueba de que se cometió un delito, por simple decreto, a menudo sellado. La ECPA representa un verdadero quebrantamiento de las garantías de confidencialidad de las que todo internauta debe gozar. En este caso el dispositivo, tal como es utilizado contra WikiLeaks y uno de sus representantes, se basa en un procedimiento de excepción, en menosprecio de los derechos fundamentales de los que debe gozar toda persona acusada en una investigación. De los proyectos legislativos liberticidas a los consecuencias mundiales
Liderazgo en el ACTA: una visión estadounidense a escala internacional
En junio de 2006 Estados Unidos inició el proyecto ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, Tratado Comercial Antifalsificación), proponiendo un “acuerdo sobre la propiedad intelectual (...) cuyo objetivo era fijar un marco de referencia ahora para la protección de la propiedad intelectual entre un pequeño número de países (...) a los que los otros países podrán unirse”. Bajo la visión estadounidense, se supone que el ACTA creará normas que otros países, no firmantes, deberán respetar si quieren seguir teniendo relaciones comerciales con los países adheridos al tratado. Algunos puntos de este texto ponen en tela de juicio los compromisos de Estados Unidos en materia de protección de los internautas, de su seguridad y de su identidad. El derecho otorgado a las autoridades competentes de solicitar a los proveedores de acceso a Internet la identidad de sus suscriptores en caso de violación de los derechos de propiedad intelectual, podría conducir a desviaciones securitarias (replanteamiento del anonimato en línea; que se fiche a los disidentes...). De hecho, la obligación de sancionar penalmente la supresión de metadatos y la evasión de DRM (Digital Right Management, gestión de derechos digitales), vuelve ilegales los medios de evasión de la censura o de conservación del anonimato. Estas medidas perjudicarían la libertad de expresión en línea en numerosos países. El 1 de octubre pasado, pese a los reiterados llamados de numerosas organizaciones de defensa de la libertad de expresión, Estados Unidos firmó el ACTA con Australia, Canadá, Corea del Sur, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda y Singapur. Protect IP Act: ¿una represión mundial?
El Protect IP Act, presentado en mayo de 2011 en el Senado por Patrick Leahy, prevé la posibilidad de obtener la orden de un tribunal para que los sitios de Internet considerados ilegales ya no aparezcan en los resultados de los buscadores, incluso si no se están alojados en Estados Unidos (v. texto). Los motores de búsqueda, los procesadores de pago en línea, los anunciantes publicitarios y los servidores DNS (Domain Name System) tampoco podrán colaborar más con estos sitios. Esta nueva medida es particularmente represiva, pues la justicia ya no se conforma con que se suprima un contenido ilegal en específico, sino que quiere hacer desaparecer un sitio entero. Entrevistado por Reporteros sin Fronteras, James Losey, de la New America Foundation, señaló que al legalizar el filtraje de DNS, el Protect IP Act podría alentar a otros países a seguir este ejemplo. También recordó la ineficacia del procedimiento, pues bloquear el dominio de un sitio web no bloquea al sitio en sí mismo. Stop Online Piracy Act
El 26 de octubre de 2011 Lamar Smith también propuso ante la Cámara de Diputados el “Stop Online Piracy Act” (H.R. 3261 o E-PARASTE Act.). En la misma línea que el Protect IP Act, este texto que protege el derecho de autor permite a los derechohabientes exigir que se retire un contenido publicado en línea sin pasar por un juez, si se considera que existe una violación del derecho de propiedad intelectual. Si el sitio replica por esta medida, el derechohabiente podrá entonces recurrir a un juez para ganar su demanda. Este modelo de “notice and take down” (aviso y retiro) ha sido a menudo criticado por Reporteros sin Fronteras. La comisión de leyes de la Cámara de Representantes examinará el texto el 16 de noviembre próximo. Reporteros sin Fronteras pide a Estados Unidos que renuncie a este proyecto, claramente liberticida. La organización denuncia un derrumbamiento de la lógica judicial, ya que el juez interviene tras el retiro del contenido. Esta ley permitiría a actores privados efectuar un filtraje de la Web sin el control de un juez independiente y decidir a qué contenido se puede o no tener acceso. Los derechohabientes podrían convertirse en verdaderos dictadores de Internet. Los sitios web afectados también podrían padecer el bloqueo de sus medios de pago en línea por parte de los servicios bancarios, lo que legalizaría a posteriori el boicot que padeció WikiLeaks por parte de las instituciones bancarias (LIEN). Asimismo, los derechohabientes podrán pedir la anulación de los anuncios publicitarios en las redes sociales y los buscadores. A petición suya, los sitios incriminados ya no podrían aparecer en los resultados de los motores de búsqueda. Finalmente, el texto propone que toda persona que elabore una herramienta de evasión de la censura pueda ser procesada legalmente. Una medida que representa un peligroso precedente para los netciudadanos en el punto de mira de regímenes represivos, quienes no tienen otra opción que utilizar proxies para expresarse. El orden público contra la libertad de expresión
Cortes a la comunicación por teléfono móvil para evitar manifestaciones
En agosto pasado los responsables del metro de San Francisco decidieron cortar la electricidad de las torres de teléfono celular que se encontraban alrededor de cuatro estaciones, durante tres horas, con el fin de impedir toda comunicación por teléfono móvil y evitar así la organización de una “manifestación flash” por la muerte de un pasajero de 45 años de edad, Charles Blair Hill, asesinado con tres balazos por dos agentes de la Policía Privada de la Bay Area Rapid Transit (BART), compañía que controla una gran parte del transporte público de San Francisco. El derecho a la caricatura, cuestionado
En agosto de 2011 un netciudadano que publicó un video satírico de la policía de Renton, en el estado de Washington, bajo el seudónimo de Mr. Fiddlesticks, fue acusado de “ciberacoso”. Los policías habrían buscado su verdadera identidad con el fin de juzgarlo. Correría el riesgo de purgar una pena de prisión. Reporteros sin Fronteras recuerda el derecho esencial a la parodia y al anonimato en línea. Ocupy Wall Street: ¿censura con la colaboración de las empresas?
El sitio ThinkProgress reveló que al parecer Yahoo! censuró los correos electrónicos de sus usuarios que contenían la expresión “Occupy Wall Street” (Ocupe Wall Street). Cuando los internautas intentaban enviar su mensaje, recibían la siguiente notificación: “Su mensaje no fue enviado. Se detectó una actividad sospechosa en su cuenta. Para proteger su cuenta y la de nuestros usuarios, su mensaje no será enviado” (“Your message was not sent. Suspicious activity has been detected on your account. To protect your account and our users, your message has not been sent"). Se sospecha que también algunas redes sociales colaboraron en la censura de estas manifestaciones. Yahoo! afirmó que este bloqueo no fue intencional, que los mensajes fueron filtrados como spam. A Reporteros sin Fronteras le preocupa que la cobertura de los acontecimientos en territorio estadounidense sea bloqueada por una eventual cooperación entre el gobierno y las empresas. Neutralidad de la Red: no hay suficientes garantías
Recientemente la Federal Communications Commission (Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés) adoptó un conjunto de reglas con las que pretendía proteger la neutralidad de la Web. Sin embargo, varios puntos siguen siendo problemáticos: los proveedores de acceso a Internet (FAI) conservan el derecho de aumentar el ancho de banda de algunas empresas que así lo requieran para transmitir contenidos pesados; sigue siendo posible bloquear sitios ilegales y los protocolos peer-to-peer; asimismo, la prohibición de toda discriminación en la transmisión de contenidos sólo concierne a las conexiones fijas, pues se excluye a las móviles. La asociación Free Press presentó una queja por estas medidas. Reporteros sin Fronteras recuerda su oposición, por principio, a todo filtraje, así como la necesidad de que no se haga una discriminación entre particulares y empresas en el acceso a la Red. La organización también pide que los principios de neutralidad de la Web también se apliquen a las conexiones inalámbricas, en especial tras el auge de las tabletas electrónicas. Una reflexión sobre los retos de la informática y de la información
National Strategy for Trusted Identities in Cyberspace (NSTIC, Estrategia Nacional para Identidades Confiables en el Ciberespacio)
En abril de 2011 la Secretaría de Comercio estadounidense dio a conocer su estrategia nacional para garantizar las identidades confiables en el ciberespacio. El gobierno estadounidense propuso que cada internauta pudiera tener un nombre de usuario único y securizado para todas sus actividades en Internet. Sin embargo, el uso de una sola contraseña para las diferentes actividades en la Web pondría en riesgo la seguridad de los datos del usuario en caso de robo de la contraseña, pirateo o cooperación entre la empresa que administra la base de datos y de otros organismos. Una estrategia nacional peligrosa cuando el número de “hacks” de cuentas de correo electrónico o de páginas Facebook aumenta de forma constante. Las ciberguerras: ¿nueva arma del gobierno estadounidense?
La informática y la información se encuentran en el centro de la estrategia estadounidense. Por ejemplo, Estados Unidos habría contemplado lanzar un ciberataque contra los medios de comunicación y los radares del régimen de Gadafi para reducir los riesgos que corrían los aviones de la OTAN durante los bombardeos en Libia. En la actualidad, surgen varios cuestionamientos, entre ellos, si sería legítimo que el presidente estadounidense pudiera emprender un ciberataque sin informarlo previamente al Congreso. En el país se lleva a cabo una verdadera reflexión sobre los retos, fines y usos de estas nuevas herrami
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20.01.2016
Estados Unidos
