La justicia desestima el seguimiento por “falso testimonio” de la periodista Ibéyise Pacheco

El Tribunal Supremo de justicia de Venezuela decidió, el 4 de abril de 2006, desestimar el cargo de “falso testimonio” imputado a Ibéyise Pacheco, cronista de El Nacional y virulenta opositora del gobierno de Hugo Chávez. En 2004, el fiscal Didier Rojas denunció a la periodista después de que publicara, en el diario El Nacional, un artículo en el que denunciaba que “en el palacio presidencial se había planeado un complot” contra los opositores del presidente Hugo Chávez. La decisión adoptada por el juez Eladio Aponte Aponte, encargado del caso, ha considerado que en las audiencias preliminares no se respetaron los derechos de la defensa. Reporteros sin Fronteras acoge la decisión con satisfacción, teniendo en cuenta el clima de hostilidad que actualmente rige las relaciones entre el gobierno y los medios de comunicación privados. Quizá esta decisión represente una oportunidad, que habría que aprovechar, para llevar a cabo una reflexión concertada sobre el derecho de la prensa en el país. ___________________________________________________________________ 23.03.06 - Liberados dos periodistas : un momento oportuno para reexaminar la ley de prensa
Reporteros sin Fronteras se alegra de que el 21 de marzo de 2006 se levantara el arresto domiciliario de Ibéyise Pacheco, del diario El Nacional, y de la puesta en libertad de Gustavo Azócar Alcalá, presentador del programa “Café con Azócar” en el canal Televisora del Táchira y corresponsal del diario El Universal, encarcelado cerca de San Cristóbal (Estado de Táchira, Oeste) desde el pasado 7 de marzo. “Recibimos con satisfacción que hayan quedado en libertad Ibéyise Pacheco y Gustavo Azócar Alcalá, a pesar de que los dos periodistas siguen estando en espera de juicio. Esperamos que estas liberaciones contribuyan a calmar el deletéreo clima que enfrenta al gobierno con los medios de comunicación privados. Sobre todo, deberían ser una ocasión, tanto para uno como para los otros, para reexaminar concertadamente la ley de responsabilidad social de los medios audiovisuales y la ley de reforma del código penal, que contienen algunas disposiciones que atentan contra la libertad de prensa. El debate debería tener lugar con mayor motivo porque el propio Fiscal General de la República ha pedido al Tribunal Superior de Justicia que dictamine sobre la inconstitucionalidad de 25 artículos del nuevo código penal”, ha declarado Reporteros sin Fronteras. El coronel Angel Bellorín presentó dos denuncias contra Ibéyise Pacheco, virulenta opositora del gobierno de Hugo Chávez: la primera por “difamación y calumnia”, y la segunda por “difamación agravada”. En su crónica para El Nacional, la periodista escribió que el oficial había conseguido diplomas falsos para obtener el título de abogado. Para Ibéyise Pacheco se dictó una condena de nueve meses de cárcel, aunque finalmente el 15 de marzo de 2006 quedó en arresto domiciliario, aunque con autorización para seguir trabando. El 21 de marzo de 2006 la periodista quedó en libertad. Respecto a la primera denuncia por “difamación”, la periodista reconoció sus errores ante el querellante. Según el artículo 42 del código penal, el perdón del querellante anula la pena impuesta. En cuanto a la denuncia por “difamación agravada”, se retiró después de que ambas partes llegaran a un acuerdo. Sin embargo, Ibéyise Pacheco sigue implicada en otro proceso. El 14 de enero compareció ante el Tribunal 12 de control de Caracas, por “falso testimonio”, como consecuencia de la acusación formulada contra ella en 2004 por el fiscal Didier Rojas. En su columna “En privado”, del diario El Nacional, la periodista aseguró el 9 de mayo de 2003 que el secuestro y ejecución de algunos opositores al presidente Hugo Chávez se planificaron n el palacio presidencial de Miraflores. El proceso sigue abierto. A Gustavo Azócar Alcalá se le ha investigado por “desvío de fondos público” y “estafa”, como consecuencia de la denuncia presentada por Ronald Blanco La Cruz, gobernador del Estado de Táchira. Encarcelado en el centro penitenciario de Santa Ana, cerca de San Cristóbal, debía permanecer allí durante todo el tiempo que durara la investigación. El juez encargado del caso, que fue quien ordenó la detención preventiva del periodista, finalmente estimó inoportuno el encarcelamiento. Por otra parte la defensa ha apelado. Gustavo Azócar Alcalá quedó en libertad el 22 de marzo, tras una audiencia especial. A pesar de estas dos alentadoras noticias, las leyes llamadas de “responsabilidad social de los medios audiovisuales”, aprobada el 24 de noviembre de 2004, y de “reforma del código penal”, en vigor desde el 16 de marzo de 2005 (cf. nuestros comunicados anteriores), continúan generado un clima extremadamente tenso entre el gobierno y la prensa privada. Estimando que la ley de responsabilidad social “favorece la autocensura”, el director del canal Globovisión, Federico Ravell, recurrió el 21 de marzo de 2006 al Tribunal Supremo de Justicia(TSJ), para conseguir su anulación. Respecto a la ley de reforma del código penal, el propio gobierno, a través del Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, ya formuló el 22 de noviembre de 2005 otro recurso de anulación. Según el Fiscal General, que consideraba “excesivamente punitivas” las disposiciones del nuevo código penal en el momento en que se aprobó, 25 de los 546 artículos son inconstitucionales, y en particular los relativos al delito de “desacato”. La cámara constitucional aceptó hacer modificaciones de forma en los artículos incriminados, pero todavía no se ha pronunciado sobre el fondo.