Reporteros sin Fronteras protesta por la comparecencia, fijada para el martes 1 de agosto de 2006, del periodista Josh Wolf, acusado por la justicia federal de haberse negado a entregar unos vídeos grabados durante las manifestaciones contra la cumbre del G8, en julio de 2005.
Reporteros sin Fronteras protesta por la comparecencia, fijada para el 1 de agosto de 2006, del periodista Josh Wolf, acusado de desacato (“civil contempt”) por un tribunal federal de San Francisco (California, Oeste), por negarse a entregar las imágenes grabadas durante las violentas manifestaciones contra la cumbre del G8, en julio de 2005.
“Esta situación pone en evidencia la urgencia de que el Congreso norteamericano reconozca a los periodistas el derecho a la protección del secreto de sus fuentes, fundamento del oficio de periodista admitido en un buen número de Estados, aunque no a nivel federal. Dado que los periodistas no son auxiliares de la policía, el Congreso debe apoyar rápidamente la proposición de ley federal que les serviría de pantalla, garantizándoles un “privilegio calificado”, de forma que no podrían verse obligados a divulgar sus fuentes. La ley de libre circulación de la información (Free Flow of Information Act) ampliaría a los periodistas, a nivel federal, la misma protección que ya disfrutan en 32 estados, en virtud de leyes similares”, ha declarado Reporteros sin Fronteras.
En julio de 2005, cuando tuvo lugar el G8, se llevaron a cabo manifestaciones en el Misión District de San Franciaco. Josh Wolf, quien se encontraba en el lugar de los hechos, grabó imágenes del incidente. Esas imágenes se difundieron en su sitio de Internet y en Kron TV, un canal informativo independiente. Posteriormente circularon por el Net, de donde las tomaron canales nacionales. El fiscal Jeffrey Finigan tuvo entonces conocimiento de ellas. Convencido de que el periodista tenía más imágenes del incidente, le pidió que se las entregara. El gobierno aseguraba que alguien había intentado quemar un coche policial. Negando tener imágenes más precisas sobre el objeto de la investigaciómn, o en relación con el incidente evocado, Josh Wolf recordó el principio, según el cual no tiene por qué divulgar sus informaciones. Efectivamente, a nivel del Estado el periodista está protegido por la “ley escudo” (“shield Law”) de California sobre el secreto de las fuentes, según la cual cada comunicador social tiene derecho a preservar la confidencialidad de su fuente informativa, sus notas y sus archivos personales y profesionales.
El martes 1 de agosto de 2006 el periodista tiene que comparecer por desacato. Podrían condenarle a la cárcel ese mismo día, si el juez le condenara, y debería pagar una cantidad de entre 10 y 15.000 dólares para cubrir los gastos de abogado y la eventual apelación de la sentencia. Josh Wolf ha declarado a Reporteros sin Fronteras que está preocupado en cuanto al resultado de la vista, ya que desde la primera comparecencia el juez se ha mostrado particularmente imprevisible. También ha mencionado el apoyo que ha recibido de la oficina de los gobernadores de San Francisco, que el martes 1 de agosto aprobará una resolución para proteger los derechos de los periodistas y emplazar al Estado federal a hacer respetar el principio del secreto de las fuentes, con el fin de reforzar la libertad de prensa, tal y como establece la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
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