El panorama mediático italiano está muy desarrollado y cuenta con una amplia gama de medios que garantizan una auténtica diversidad de opiniones. El sector audiovisual está compuesto por varios canales de televisión públicos (como RAI1) y emisoras de radio generalistas, así como por un gran número de medios privados. La misma diversidad caracteriza a la prensa escrita, que cuenta con una veintena de periódicos (Corriere della Sera, La Repubblica, etc.) y medio centenar de semanarios (L'Espresso, Famiglia Cristiana, etc.), así como por numerosas revistas y diversas webs de noticias.

Los periodistas italianos trabajan, en general, en un clima de libertad. Sin embargo, los profesionales de la información ceden, en ocasiones, a la autocensura, ya sea por la línea editorial de sus medios o por el temor a posibles acciones legales, como demandas por difamación. Esta situación puede verse agravada para los periodistas especializados en tribunales y asuntos policiales por la "legge bavaglio", promovida por la mayoría de la primera ministra, Giorgia Meloni, que prohíbe la publicación de un auto de prisión preventiva hasta el final de la audiencia preliminar.

Cierta parálisis legislativa impide la aprobación de los diversos proyectos de ley que se han propuesto para preservar, e incluso mejorar, el libre ejercicio de la profesión periodística. Esta situación explica, en parte, los obstáculos con los que se topan algunos reporteros en  el desempeño de su trabajo. La criminalización de la difamación y numerosos “procesos mordaza” (acciones judiciales abusivas o SLAPP) amenazan el libre ejercicio del periodismo. 

El universo mediático depende cada vez más de los ingresos publicitarios y de las subvenciones públicas, debido a la crisis económica. El sector también se enfrenta a la progresiva disminución de las ventas de periódicos y revistas. El resultado es un peligroso proceso de precarización, que cercena el ejercicio, el vigor, y también la autonomía de la profesión periodística.

La polarización de la sociedad durante la pandemia de la Covid-19 ha afectado a los periodistas, víctimas de agresiones, tanto verbales como físicas, durante algunas movilizaciones contra las medidas sanitarias. Esta polarización persiste y se materializa en torno a cuestiones políticas o ideológicas vinculadas a la actualidad.

Los periodistas que investigan el mundo del crimen organizado, los casos de corrupción y las mafias son sistemáticamente amenazados, e incluso agredidos físicamente, por su labor. A veces, su vehículo o su domicilio son destruidos por un incendio intencionado. Del mismo modo, se orquestan campañas de intimidación en Internet contra aquellos que se adentran en estos temas. Una veintena de periodistas viven actualmente bajo protección policial permanente, tras haber sufrido intimidaciones y agresiones.