Internet en libertad vigilada

La "Anti-Terrorism, Crime and Security Act", la ley británica antiterrorista, aprobada a mediados de diciembre de 2001, fija en un año, por lo menos, la conservación de los datos de conexiones de los internautas, por parte de los proveedores de acceso. El Ministerio del Interior anunció igualmente que pretendía "tener derecho a mirar las transacciones financieras en línea, y a controlar los e-mails privados". En virtud de la nueva ley, en muchos de los casos la policía no necesita una autorización previa del juez, para actuar. Para hacerlo, le basta con conseguir la luz verde del Ministro del Interior, o de uno de sus altos funcionarios. Una serie de medidas que provocaron una gran indignación, al otro lado del Canal. Incluso, algunos proveedores de acceso anunciaron que estaban estudiando la deslocalización de sus servidores informáticos, fuera de Gran Bretaña. Parecen fundados los temores de una grave deriva de seguridad, expresados por las ONG's. A mediados de junio de 2002, David Blunkett, Ministro del Interior, presentó un proyecto de revisión de una ley muy controvertida, aprobada en 2000: la "Regulation of Investigatory Powers Act" (RIPA). Quiere que las administraciones locales (impuestos, Seguridad Social, servicios municipales, etc.) puedan acceder a los datos relativos a las conexiones de los ciudadanos a la Red, y a sus envíos y recepción de e-mails. Esta revisión programada, en principio, para junio o comienzos de julio de 2002, provocó tal oleada de indignación, tanto en la prensa como entre los grupos de defensa de las libertades civiles, que el gobierno decidió aplazar la revisión legislativa hasta el otoño. ¿Leyes "anticonstitucionales"? Elizabeth France, Comisaria de Información de Gran Bretaña (autoridad independiente que vigila que sean preservados los derechos de los ciudadanos, en materia de acceso a sus informaciones personales), añadió leña al fuego, a principios de agosto de 2002, al declarar que los dos textos "entran en conflicto", y que algunas de las medidas que contienen son anticonstitucionales. Sus servicios explican que "la ley antiterrorista precisa que los datos de las conexiones se puedan retener durante un período más largo que el que imponen las necesidades de facturación de los operadores, pero solamente si esos datos son necesarios para investigaciones que impliquen a la seguridad nacional. Pero la RIPA autoriza a muchas instancias, sin un mandato judicial real, a poder acceder a esos mismos datos, cuando la mayor parte de esas instancias no tienen como vocación proteger la "seguridad nacional". Por tanto, existen muchas posibilidades de "que las condiciones de acceso a esos datos se declaren ilegales, de acuerdo con las leyes que regulan la vida privada y los derechos humanos".