Incautan una revista bajo la acusación abusiva de tener nexos con Sendero Luminoso

Acusada de tener nexos con la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, a la revista Vórtice le decomisaron el 24 de agosto de 2012, en la imprenta donde se produce, en Lima, los ejemplares de sus 33 últimas ediciones. La operación fue llevada a cabo por decisión concertada de la Procuraduría del Estado contra el Terrorismo, la Fiscalía y la policía peruana, sin que se enviara una notificación previa a los representantes de la publicación. Al respecto, el director de Vórtice, Ronald Cárdenas Loayza, menciona la falta de argumentos de los magistrados para acusarlos de “apología del terrorismo”, delito para el que se contempla una pena de ocho a quince años de prisión. “Esta confiscación de ejemplares publicados y, por ende, en circulación, permite cuestionarse sobre las intenciones reales de las autoridades. ¿Se quiere incautar todos los ejemplares de Vórtice para intentar contar, cueste lo que cueste, con la prueba de una “apología al terrorismo” que tal cual no demuestra nada? ¿O se trata de una pura intimidación que mostraría igualmente la debilidad de la acusación formulada contra la revista?”, se pregunta Reporteros sin Fronteras. “Ronald Cárdenas Loayza admite coincidir en ciertas ideas con Abimael Guzmán, jefe histórico de Sendero Luminoso, encarcelado desde 1992 y condenado a cadena perpetua. Es cierto, Vórtice pugna a favor de una amnistía general de los actores del conflicto armado (1980-2000). Ahora, esto no significa de ninguna manera que la publicación haga apología de los crímenes perpetrados en esa época por Sendero Luminoso. La sensibilidad, comprensible, de la opinión pública peruana sobre esta cuestión no debe llevar a la justicia a actuar impulsivamente. Vale más un debate nacional tranquilo y de fondo que el tabú”, estimó la organización Reporteros sin Fronteras. Criticada tanto por el fondo como por la forma –en especial por el expresidente de la Sala Penal Antiterrorista, Marcos Ibazeta–, la confiscación de Vórtice se llevó a cabo tras una denuncia del congresista Octavio Salazar. También coincide con la reciente aprobación por el Consejo de Ministros del un proyecto de ley, actualmente sometido a la aprobación del Congreso, destinado a reprimir la negación de los crímenes cometidos por la guerrilla maoísta durante los años de guerra. Esta futura legislación se elabora ahora que la petición de una amnistía general, a la que Vórtice da eco, moviliza a cierto número de movimientos políticos. La amnistía concerniría no sólo a los excombatientes de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA, grupo armado que se reivindica guevarista), sino también al expresidente Alberto Fujimori, quien purga una pena de 25 años de prisión por las violaciones de los derechos humanos cometidas durante su mandato (1990-2000). La Comisión de la Verdad y Reconciliación contabiliza en 69.000 el número de muertos y desaparecidos en la guerra que desgarró al país durante veinte años. Este sombrío balance incluye a la vez a las víctimas de Sendero Luminoso y a las del ejército, a menudo acusado también de haber cometido muy graves atentados contra los derechos humanos en este periodo. El ex teniente-coronel Ollanta Humala, elegido como Presidente de la República en 2011, formó parte personalmente de la lucha contra Sendero Luminoso en los años 90.