La libertad de prensa ha sufrido en Grecia durante 2020. Para hacer frente a la pandemia, así como a la crisis de refugiados, el gobierno conservador de Kyriákos Mitsotákis ha intentado, directa o indirectamente, controlar de manera estricta el flujo de información. La controvertida campaña de concienciación pública por la Covid-19, que contaba con una dotación de 20 millones de euros, omitió o dejó muy poco a los medios de investigación y a los medios críticos con el gobierno, a la vez que se introdujeron nuevas y generosas rebajas fiscales para la publicidad en prensa. Los periodistas debían obtener un permiso del gobierno antes de hacer reportajes en los hospitales, y el Ministerio de Salud prohibió al personal sanitario que hablaran con los medios de comunicación. En febrero pasado se ordenó a los canales públicos que no difundieran las imágenes del primer ministro vulnerando las normas sanitarias, que ya circulaban por las redes sociales. En las islas, la policía ha utilizado la violencia y las prohibiciones arbitrarias para obstruir la cobertura de la crisis de refugiados. En Lesbos, se impidió a los periodistas que cubrieran las consecuencias del incendio en el campo de Moria, mientras que un grupo de periodistas independientes alemanes fueron detenidos cuando intentaban hacer un reportaje sobre el desembarco de los recién llegados. En Samos, la policía detuvo sin cargos a un equipo de documentalistas alemanes y les maltrató. Para empeorar las cosas, la emisora pública griega, que a pesar de una sentencia condenatoria de la Corte Suprema estaba directamente controlada por el primer ministro y ahora está supervisada por el viceministro del primer ministro, ha censurado los reportajes sobre los nuevos campamentos de inmigrantes. A finales de 2020, en Atenas, la policía puso impedimentos a los fotoperiodistas que cubrían una manifestación conmemorativa, además de tratar de forma brutal y detener a un periodista por, supuestamente, violar las normas de la Covid-19. El nuevo patrón de vigilancia de las reuniones públicas causa inquietud, ya que designa áreas donde ubicar a los periodistas. En abril de 2021, la comunidad de los periodistas griegos se vio sacudida por el asesinato del reportero Giorgos Karaïvaz, especializado en asuntos criminales.